Editorial

Una victoria contundente para España

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha anulado el dictamen emitido en 2013 por la Comisión Europea en el que se declaraba la ilegalidad del régimen fiscal de apoyo a los astilleros españoles constituye una importantísima victoria de España frente a Bruselas. La sentencia, que resuelve en primera instancia tres de los más de 60 recursos presentados sobre la cuestión, pero augura la victoria para todos ellos, paraliza la obligación de devolver las ayudas que fueron entregadas bajo ese régimen.

La argumentación del Tribunal de la UE es clara y demoledora. El fallo afirma que Bruselas “erró” al declarar que el sistema de financiación de la construcción de buques en España era una ayuda estatal. También apunta a que la Comisión Europea no ha logrado demostrar en ningún momento que “las medidas controvertidas podían falsear la competencia”. Un contundente tirón de orejas sobre la actuación del Servicio de Competencia en el expediente abierto a España, que fue impulsado fundamentalmente por Joaquín Almunia y motivado por varias denuncias de competidores que acusaban a los astilleros españoles de atraer contratos por las ventajas de su régimen fiscal.

El fallo de Estrasburgo pone fin así a una larga etapa de incertidumbre que ha perjudicado seriamente los intereses de los astilleros en nuestro país. Pero también debería abrir la puerta a la necesidad de abordar una reforma que agilice y someta a ciertos límites temporales las interminables tramitaciones de los expedientes de la Comisión Europea. La decisión del Tribunal de la UE augura, además, dificultades para Bruselas respecto a los expedientes abiertos sobre presuntas ayudas fiscales en Irlanda, Holanda o Luxemburgo.

El sector naval español ha sufrido un calvario que ha llegado a paralizar la actividad de algunas empresas durante más de dos años. La inseguridad jurídica creada por la apertura de un expediente cuya tramitación se ha alargado de forma inadmisible y que, además, ha desembocado en una decisión errónea sobre el fondo de la cuestión ha pasado una factura abultada a este mercado. Como se señalaba ayer desde el Gobierno, la decisión de Estrasburgo abrirá la puerta a nuevos contratos de construcción de buques e impulsará la recuperación del área tras años de sequía.

España ha defendido siempre la legalidad de un sistema de bonificaciones que no es privativo de nuestra legislación, sino utilizado en distintos sectores económicos y en varios países europeos. A la espera de que Bruselas decida si recurre o no el fallo, el sector naval deberá sopesar si reclama daños y perjuicios por un conflicto que no solo ha causado un daño innecesario, sino que se ha prolongado sin otro motivo que el de la rigidez burocrática europea.

 

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