El Tribunal de la UE anula la devolución de ayudas

El sector naval derrota a Bruselas en el ‘tax lease’

Fin de una etapa en Bruselas que ha perjudicado la rentabilidad de los astiilleros privados de España. El Tribunal de la UE ha anulado la resolución que obligaba a los constructores a devolver las ayudas concedidas al sector naval en virtud de su sistema de financiación a la construcción de buques, conocido como tax lease.

La demanda fue aceptada por la Comisaría de la Competencia en la etapa en la que Joaquín Almunia estaba al frente de este departa.mento. La industria nacional siempre denunció la gestión que hizo Almunia de este conflicto, que vació de trabajo las gradas de los astilleros españoles y llenó de pedidos a sus competidores holandeses. Hoy, los jueces han considerado que Bruselas "erró al declarar que existía una ayuda estatal" y que no ha podido demostrar que que "las medidas controvertidas podían falsear la competencia".

La sentencia puede ser recurrida, pero supone ya una victoria importante para el sector naval. El veredicto se refiere sólo al recurso presentado por España y algunos astilleros, pero hay otros recursos pendientes planteados por más de 40 inversores (entre ellos, los principales bancos españoles) afectados por la exigencia de la devolución de ayudas . Fuentes juridicas estiaman que el fallo de hoy augura la victoria de todos esos recursos.

El dictamen de Almunia llegó tras cinco años de quejas por parte de competidores que acusaban a los astilleros españoles de atraer carga de trabajo gracias a un régimen fiscal ventajoso. El sistema español de arrendamiento fiscal permitía que las navieras adquirieran los buques con descuentos de entre un 20% y un 30% gracias a las deducciones ofrecidas por Hacienda a los inversores (bancos, sobre todo) que prefinanciaban la construcción.

La lenta investigación de la Comisión concluyó que el sistema otorgaba una ventaja selectiva a esos inversores y exigió, por ello, que devolvieran la ayuda recibida. La recuperación no afectaba directamente a los astilleros, pero al declarar ilegal el régimen fiscal frenaba esa vía de financiación.

El gobierno español y algunos astilleros e inversoses recurrieron y de momento han ganado la partida a Bruselas. El daño reputacional, sin embargo, ya es inevitable.

Mes negro

La sentencia de hoy corona un mes negro para la dierección general de Competencia, que en pocas semanas ha visto desarmados casos de gran relevancia. Ayer mismo, el Tribunal de la UE anuló las sanción de 790 millones de euros a las compañías aéreas acusadas de formal un cártel en el transporte de mercancías. Unos días antes, la propia Comisión abandonaba una investigación de más de cinco años sobre un presunto cártel en el sector bancario, en el que acusaba a las entidades financieras más grandes del mundo de haber manipulado el mercado de derivados.

La sentencia de hoy sobre el sector naval español augura, además, dificultades para la Comisión Europea en sus polémicos casos sobre las presuntas ayudas fiscales en Irlanda, Holanda o Luxemburgo. Bruselas acusa a esos países de haber concedido beneficios a multinacionales como Apple, Starbucks, McDonalds o Amazon. Los abogaods especializados en Competencia consideran que será muy difícil demostrar que esas ventajas fiscales constituyen una ayudad de estado ilegal.

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