El fiscal insta a admitir una querella contra exdirectivos de Abengoa
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado a la jueza Carmen Lamena que admita a trámite una de las querellas que han sido presentadas tras la solicitud de preconcurso de acreedores de Abengoa. Se trata de la impulsada por dos bonistas contra el expresidente de la compañía, Felipe Benjumea, y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, por administración desleal.
En un informe transmitido a la jueza de la Audiencia Nacional, el fiscal considera que los dos querellados “realizaron conscientemente una administración desleal” primando “sus intereses patrimoniales a los de la sociedad”. Además, recoge la conexión citada en la querella de Manuel Sánchez Ortega, exconsejero delegado de Abengoa desde mayo, y BlackRock, gestora de fondos que reconoció posiciones bajistas en la empresa –llegó a tener un 0,51% del capital según datos recogidos por la CNMV–, que podría ser constitutivo de delito de uso de información privilegiada.
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La querella, presentaba por los despachos Ius Aequitas e Izquierdo Asociados el pasado 30 de noviembre, en nombre de dos bonistas con una inversión de 104.000 euros, destaca que la caída en Bolsa de Abengoa y su filial estadounidense Yield “tiene su origen en una horrible gestión”. El texto también hace referencia al abono a los exdirectivos de sendas indemnizaciones, de 11,48 millones de euros para Felipe Benjumea, y de 4,48 millones para Sánchez Ortega, además de 3,3 millones en concepto de bonus variable que percibirá “a cuenta de 2015 hasta su salida”.
El ministerio público coincide con los demandantes sobre las diligencias exigidas, tales como la certificación por parte de Abengoa del abono de dichas indemnizaciones a ambos directivos y la solicitud a la CNMV de la remisión de las operaciones de compraventa de títulos de la compañía sevillana realizados por el fondo de inversión desde el 1 de agosto. Además, pide al juzgado de Sevilla que tramita el procedimiento de insolvencia una copia de la solicitud del preconcurso y a la auditora de la compañía Deloitte el último informe de las cuentas del grupo sevillano. Por último, reclama para los antiguos ejecutivos de Abengoa una fianza equivalente a las cantidades recibidas en concepto de indemnizaciones.
La fiscalía no respalda, por otra parte, la admisión a trámite de otra de las querellas presentadas, impulsada por Yvancos Abogados, al entender que tienen objetivos distintos. Acusa a 19 antiguos miembros del consejo de administración de falseamiento de documentos de la sociedad y falseamiento de información económica y financiera, y recuerda además que “ya fue objeto de estudio judicial y se produjo el sobreseimiento del proceso”.
Ahora es el turno de la jueza de la Audiencia Nacional, que tendrá que dirimir si admite a trámite la querella. Además, en EE UU un grupo de bonistas ha presentado una demanda. Por su parte, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla tiene en sus manos el preconcurso de Abengoa y de 30 de sus filiales, así como el de Inversión Corporativa (IC), el brazo inversor a través del que la familia Benjumea ostenta su participación en el grupo de ingeniería.
