Futuras reformas del mercado de trabajo

El coste del despido volverá a la mesa de negociación

De izquierda a derecha: Antonio Garamanedi (Cepyme), Juan Rosell (CEOE), Ignacio Fernandez Toxo (CC OO); Candido Méndez (UGT), durante la firma del último Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC).
De izquierda a derecha: Antonio Garamanedi (Cepyme), Juan Rosell (CEOE), Ignacio Fernandez Toxo (CC OO); Candido Méndez (UGT), durante la firma del último Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC).

"Buena parte de la contratación temporal es fraudulenta y combatir eso sin tocar el coste del despido no es posible”, asegura el presidente de Analistas de Relaciones Industriales (Arinsa), Fabián Márquez, quien es además unos de los mayores expertos en negociación colectiva de España.

En opinión de este experto laboral sea cual sea el ganador de las próximas elecciones deberá abordar esta vinculación entre el uso indebido y generalizado de los contratos temporales como contrato inicial de entrada al mercado laboral y el coste del despido de los indefinidos.

De momento, de los principales partidos solo el PSOE y Ciudadanos llevan específicamente propuestas sobre el coste del despido en sus programas. Los socialistas proponen derivar la cuestión a la negociación entre patronal y sindicatos y la formación de Albert Rivera quiere crear un contrato único indefinido, cuya indemnización sea progresiva en función de la antigüedad en la empresa.

No obstante, a pesar de que el PP ha preferido no incluir esta cuestión en su programa, fuentes conocedoras de la postura de los responsables económicos del partido aseguran que, si revalidara el Gobierno, son conscientes de que combatir la temporalidad abaratando más el coste del despido de los indefinidos es una cuestión que deberán abordar tarde o temprano.

Es más, si como aseguran las encuestas el PP necesitaría del apoyo de Ciudadanos para poder Gobernar, esta formación podría imponer la negociación de su contrato único como opción para abaratar la indemnización por despido de los nuevos fijos. Esta opción solo tiene encaje ahora, en el actual marco legal español, después de que Ciudadanos introdujera hace un año la causalidad en el despido de este contrato único.

Pero, al margen de esta consideración, Márquez ha colaborado, junto a una treintena de expertos en derecho laboral del mundo de la magistratura, los sindicatos, la patronal y los grades despachos laboralistas en la elaboración de un documento de propuestas de modificación de la legislación laboral, de cara a la próxima legislatura. En dicho documento, no aparece de forma explícita este abaratamiento del despido, pero sí se reconce “la estrecha vinculación” entre “la regulación de la contratación, la flexibilidad interna y el despido”.

Estos expertos, que han trabajado bajo el paraguas de la Fundación para al Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide) incluyen dos grandes reformas: una que afecte a la contratación y otra a la negociación colectiva. En materia de contratos proponen incorporar a la ley “fórmulas efectivas y eficaces de control y disuasión del uso indebido de la contratación temporal”. Creen necesario modificar la regulación del trabajo en contratas, subcontratas y empresas multifucionales para que su uso sea por razones de especialización productiva y no por cuestión exclusiva de costes y dumping social.

Aunque, dicho todo esto, Fernando Moreno, consejero de Arinsa, advierte que “hay que tener cuidado con cualquier anuncio sobre contratos porque puede retrasar decisiones de contratación”.

En cuanto a la negociación colectiva, estos expertos consideran “prioritario” recupera la autonomía de la negociación. Junto a esto reclaman una “reforma en profundidad” de la representatividad de los negociadores. Y, Fabián Márquez, añaden la necesidad urgente de aclarar y estipular la financiación de las organizaciones sindicales y patronales, a través de subvenciones directas. Además creen que convendría “superar” los convenios provinciales.

Finalmente, introducen otro tipo de propuestas más novedosas como la posibilidad de estimular económicamente las medidas de flexibilidad interna en las empresas, que se financiarían con el dinero de las bonificaciones a la creación de empleo, que piden suprimir.

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