Luz Rodríguez, secretaria de Empleo del PSOE

“Los contratos temporales no podrán superar los dos años”

“El coste del despido será lo único que no se derogue y se pacte entre patronal y sindicatos”

"Si no se pone remedio, la temporalidad crecerá como la espuma y volverá a superar el 30% y duplicar la media europea"

“Los contratos temporales no podrán superar los dos años”

Luz Rodríguez (Valladolid, 1964) es una entusiasta de todo lo que tenga que ver con el empleo. Jurista del Derecho del Trabajo y docente de la Universidad de Castilla-La Mancha, está detrás del cambio que los socialistas quieren dar al mercado de trabajo y a las relaciones laborales. Para elaborar las propuestas socialistas sobre empleo no ha dejado de llamar a ninguna puerta, sindical ni patronal, y asegura haber mantenido muchas reuniones y durante muchas horas. Tras numerosas discusiones internas, esto es lo que quiere hacer el PSOE.

Pregunta. Su propuesta estrella en materia de empleo es derogar la reforma laboral. ¿Se volverá entonces a la indemnización de 45 días por año?

Respuesta. Ha habido mucha discusión entre las federaciones por este asunto, pero se alcanzó consenso. Vamos a derogar toda la reforma laboral y con carácter inmediato. De hecho, será objeto del primer Consejo de Ministros. Solo el coste de la indemnización por despido lo dejaremos a un acuerdo posterior entre patronal y sindicatos. Lo que sí recuperaremos en esta primera intervención es la racionalidad y la proporcionalidad en los despidos colectivos, que también se ha perdido.

P. Entonces, ¿reescribirán las causas del despido objetivo y los jueces deberán pronunciarse de nuevo sobre si un despido es ajustado o no?

R. Efectivamente. Y también hay que recuperar la tutela judicial efectiva frente al despido injustificado, que está muy debilitada después de tantos años de despido exprés (aunque éste desapareció en 2012). Y nunca volver al despido exprés. Asimismo, estableceremos algo que, por mucho que se empeñe la ministra Báñez, hoy no existe, y es que el despido sea la última opción en un ERE. Tras la reforma, el empresario puede optar indistintamente por bajar salarios, suspender contratos, reducir jornada, descuelgue salarial o despedir. Queremos ordenar todas esas posibilidades en un solo procedimiento, con despido como última posibilidad. Ya estamos trabajando jurídicamente sobre todo esto.

P. ¿Y qué es lo primero que se va a regular?

R. Hay que hacer una intervención legal inmediata que recupere todos los elementos de negociación colectiva, que hoy está muy debilitada por la reforma laboral, que perseguía una devaluación salarial y sabían que para devaluar salarialmente el país tenían que debilitar la negociación colectiva. No se puede ir a un proceso de diálogo social si no se recupera el instrumento por excelencia. La segunda cuestión es todo lo que tiene que ver con la estabilidad en el empleo y con la dualidad. Hace más de un año que nueve de cada diez nuevos contratos son temporales.

P. Pero eso siempre ha sido así...

R. Es cierto que la temporalidad es un problema estructural del país, pero lo que nos encontramos hoy es que se está agravando. Si no se pone remedio, la temporalidad crecerá como la espuma y volverá a superar el 30% y duplicar la media europea. Lo que no ha pasado nunca es que la duración media de los contratos temporales sea de 53 días y que uno de cada cuatro sea de menos de una semana. Y hay que derogar inmediatamente el contrato de fomento de emprendedores, con despido gratuito durante un año.

P. Quieren que haya solo tres contratos.

R. Mejor dos más uno. Uno fijo, otro temporal y uno de formación. El temporal, con causa y con límites. Es hora de dar un golpe en la mesa y decir que ningún trabajador puede estar más de un año con contrato temporal, como mucho dos, si el convenio sectorial lo amplía. Y también queremos que los convenios sectoriales puedan poner topes de temporalidad.

P. Ya pueden...

R. Pero la ley no lo incentiva. Si hay incentivos, esos topes se pondrán. Además, haremos un cambio normativo revolucionario sobre las causas de la temporalidad y su control: hay que usar mucho más la Inspección de Trabajo.

P. ¿Y qué va a hacer el PSOE para que la Inspección controle más los fraudes en la temporalidad?

R. No es un problema de medios en absoluto, aunque también incrementaremos los efectivos. Es una cuestión de falta de voluntad política, porque ahora más de la mitad de las actuaciones de la Inspección van exclusivamente a controlar el fraude del desempleo y se olvidan de la temporalidad.

P. ¿Derogarán también todas las bonificaciones y tarifas planas?

R. Sí, eliminaremos todas, salvo las destinadas a discapacitados y a víctimas de violencia de género. Se liberarán en torno a 2.000 millones, que destinaremos a formación de los trabajadores.

P. ¿Les sirve el recién estrenado sistema de formación de ocupados?

R. No. Hay que cambiarlo totalmente. Primero, terminaremos con el descrédito de sindicatos y patronales en esta materia, que no digo que no esté fundado en algunos casos por sus actuaciones. Este descrédito tiene que ver con su financiación, que nunca se ha tenido clara. Después, habrá que usar toda la infraestructura educativa reglada (centros y formadores) para formar a los trabajadores. Y la financiación también habrá que revisarla, incluida la bonificada por las empresas, porque el dinero de esa cotización no es suyo, como dice la patronal

P. ¿Quiere decir que se han financiado con el dinero de la formación?

R. Quiero decir que haremos una ley de participación institucional que clarifique las funciones de las organizaciones sindicales y patronales y los sujetos que las representan y, en función de eso, que los Presupuestos Generales del Estado fijen cada año de forma transparente la financiación suficiente para sus actuaciones. La Constitución sitúa a estas organizaciones entre los elementos centrales del modelo democrático, y les hemos ido cargando de funciones: igualdad, flexibilidad interna, prevención de riesgos etc., y no hemos tenido en cuenta que eso significa que debían tener una capacidad económica que no tenían. Porque, además, la ley dificulta su financiación vía cuotas, al fijar la eficacia general de los convenios: se benefician todos de ellos aunque no estén afiliados y eso desincentiva la afiliación.

Así sería el impuesto para pensiones

La otra gran propuesta socialista tiene que ver con las pensiones. Más en concreto, con su financiación. El PSOE ha anunciado que creará un “impuesto finalista” para costear las prestaciones de la Seguridad Social. Pero ¿qué gravará ese impuesto? Luz Rodríguez lo explica: “Será similar al modelo francés, que grava renta y patrimonio. Además, tendrá un suplemento adicional en las partes altas de las rentas y los patrimonios que se llamará complemento de solidaridad, porque las gravará más que al resto”. Si bien, Rodríguez insiste en que se trata de una idea inicial que tendrá que discutirse, diseñarse y aprobarse con consenso en el Pacto de Toledo. La responsable socialista hace hincapié en la perentoria necesidad de volver al consenso que supuso el Pacto de Toledo desde 1995 “y que el PP ha roto no pactando ninguna de sus medidas sobre pensiones en la anterior legislatura”. Dicho esto, arremete contra el uso del 40% del fondo de reserva de las pensiones, “porque se podía haber hecho otra cosa, como destinar menos dinero al rescate bancario”.

El PSOE llevará también a este Pacto otras ideas, como la creación de un bonus de 24 meses adicionales de cotización para las mujeres por cada hijo que tengan,o la posibilidad de que los jóvenes adquieran periodos de cotización para completar sus carreras laborales. “No subiremos ni bajaremos cotizaciones, pero debemos ver cuánto nos queremos gastar en pensiones a partir de 2035 y buscar la financiación suficiente”.

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