El mito del autónomo que nunca enferma continúa en ascenso
Sólo 10.362 autónomos pidieron la prestación por accidente laboral el pasado año. Por el contrario, fueron 355.572 los asalariados que llevaron a cabo este procedimiento.
Lejos de decaer, la leyenda en torno a la salud de hierro de los trabajadores autónomos está más latente que nunca. El motivo de ello son las cifras aportadas por la organización UPTA (Unión de Profesionales del Trabajo Autónomo), que lamenta que sólo sean 600.646 los profesionales autónomos que en la actualidad cotizan voluntariamente para cubrir sus prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Según la propia UPTA, el autónomo sólo ejerce su derecho a la baja en caso de incapacidad absoluta. En otras palabras, no le compensa la prestación, pues sólo con una enfermedad muy grave el autónomo puede permitirse el lujo de dejar de trabajar. Un dato que deja en evidencia las prestaciones que tiene el colectivo cuando enferma o tiene un accidente laboral. Los costes que le supone contratar a alguien que le sustituya son elevados. La enfermedad termina convirtiéndose en un gasto que no pueden permitirse, aun estando incapacitados, si quieren continuar con la actividad que les genera ingresos, por lo que sólo se cogen la baja en caso extremos.
El dato es el más bajo desde que existe esta prestación, pues a finales del año 2013 el número era de 637.269 y en diciembre de 2014, de 623.940. Es decir: un descenso acumulado anual del 3,8%.
Según esta organización, sólo 10.362 autónomos pidieron la prestación por accidente laboral el pasado año. Por el contrario, fueron 355.572 los asalariados que llevaron a cabo este procedimiento. En todos los casos de los accidentes sufridos por los autónomos fueron clasificados como graves.
Demanda de cambio
En paralelo, UPTA ha mostrado su temor a que la aprobación reciente de la separación de cotizaciones entre la prestación por cese de actividad y la de accidente de trabajo haga bajar aun más este dato, lo que supondría que muchos autónomos podrían quedarse tan solo con la de cese de actividad, que es de menor cuantía.
A juicio de esta organización, la consecuencia de esta medida es un mayor nivel de desprotección del colectivo, en especial en sectores de alta siniestralidad, como la construcción o el transporte.De ahí que demanden medidas que hagan más atractiva la protección, “como la posibilidad de reducir los coeficientes reductores en la jubilación anticipada para los cotizantes de sectores de actividad con mayor riesgo y siniestralidad”, subraya su secretario general, Sebastián Reyna.
