Los impuestos siempre son cuestión electoral
Las semanas que faltan para cerrar el año son ideales para echar un vistazo a las cuentas personales y minimizar los pagos a la Hacienda pública en la liquidación de impuestos que se efectuará en la primavera. De las decisiones que se tomen ahora dependerá que el saldo fiscal agregado de cada contribuyente sea agradable o doloroso en términos financieros. Pero en las semanas que faltan para cerrar el año los ciudadanos se enfrentan también a una decisión política que servirá para determinar quién gobernará los destinos del país los próximos cuatro años. Y en tal decisión debe tener su debido peso la estructura de los impuestos que los partidos políticos expresen en sus programas, puesto que de ello depende la renta disponible final de cada cual, o incluso la sostenibilidad del Estado y de las rentas que de él emanan.
La primera decisión es más fácil, porque debe limitarse a la capacidad personal para adaptar su renta al pago de unos impuestos vigentes e inamovibles en el corto plazo. La segunda es más trascendente, puesto que determinará la factura fiscal individual de los próximos cuatro ejercicios.
Los contribuyentes disponen de cuatro semanas para movilizar su ahorro hacia productos con fuerte impacto deductivo en la base imposible, como es el caso de los fondos de pensiones, y para liquidar algunas de sus inversiones en activos cotizados (o fondos o incluso viviendas) y lograr un saldo entre plusvalías y minusvalías lo más neutral posible, o que compense en parte o en todo los efectos que en la factura pueden tener los dividendos obtenidos en el año. La próxima liquidación es la primera con una nueva estructura del IRPF, y conviene hacer ensayos tentativos antes de fin de año con todas las variables, puesto que nada es como en la liquidación de la primavera pasada: ni en plusvalías, ni en dividendos. Y nada será tampoco igual en la próxima, pues los cambios introducidos por Rajoy son de aplicación progresiva. Gane quien gane las elecciones, gobierne quien gobierne, el IRPF vigente se aplicará también en 2016, puesto que las reformas que se hagan no entrarán en vigor hasta 2017, pues no es posible aplicarlas con retroactividad.
Y para 2017 y siguientes, los programas de los partidos ofrecen pistas sobre sus proyectos impositivos, aunque seguramente todos hay que tomarlos con la precaución que supone el que ninguno de ellos tendrá la mayoría suficiente como para imponerlos, y la aplicación práctica será una media ponderada de lo ofrecido por los dos partidos que logren reunir una mayoría.
El PP no ha presentado su programa fiscal, aunque se supone que no cambiará mucho de lo que se aplica desde enero; y el PSOE no hará propuesta concreta y esperará a que una comisión de expertos le ilumine sobre el asunto. Pero por lo visto hasta ahora no hay dos propuestas iguales, porque la captura del sufragio de las clases medias, las que dan y quitan Gobiernos, depende y mucho de qué impuestos se apliquen a sus rentas del trabajo, y también a su patrimonio y a los rendimientos de este. Las pistas proporcionadas permiten asegurar que todos confían demasiado en la lucha contra el fraude, una iniciativa vieja, pero que nunca ha transformado los déficits fiscales en superávits, y que no debe ser tenida en absoluto en cuenta, por muy exigible que sea.
Podemos plantea una severa elevación del gasto público solo financiable con una subida no menos severa de los impuestos, cosas ambas que consideramos que obstaculizan el crecimiento de la economía, y que ofrecen muchas dudas sobre la viabilidad del propio Estado a medio y largo plazo. Las diferencias en el resto de propuestas son muchas veces de matiz, pero sí se aprecia una intencionalidad del PSOE de gravar los patrimonios como no se había hecho antes, y una flexibilidad activa del PP y Ciudadanos para facilitar la inversión de los particulares y dejar más renta en manos de los contribuyentes y menos para redistribuir. Cada cual debe hacer su análisis en función de cómo le afecta, pero sin olvidar que los impuestos, que han sido bandera electoral los últimos 20 años, deben contribuir al crecimiento de la actividad y nunca a cercenarla. Y se debe exigir cautela con las bajadas temerarias, puesto que si ponen en cuestión la financiación del Estado, cuestionan también la viabilidad de la economía. Otra cosa no, pero esa la ha dejado muy clara la crisis.