Solidificar la economía con programas creíbles
Aunque la campaña electoral ha empezado de hecho hace unas semanas, meses podría decirse porque en tal dinámica se mueven las fuerzas políticas desde las elecciones municipales y autonómicas, los programas explícitos de los partidos están saliendo del horno ahora, e incluso el partido que gobierna no lo tiene aún cerrado. Pero antes de fin de mes, con más o menos detalle, todos los partidos que compiten en las elecciones deben poner negro sobre blanco sus propuestas concretas para ejecutar en caso de ser quienes reciban el encargo mayoritario para gobernar o de contribuir a gobernar. La experiencia dice que los programas son muy farragosos y muy vastos, pero con concreción escasa en las cuestiones más delicadas, y sobre todo en aquellas que afectan a la renta de la ciudadanía. No es verdad que tengan que cubrir todos los flancos de la vida en sociedad, entre otras cosas porque supondría un atrevimiento imposible pretender cambiarlo todo y porque muchas cosas funcionan a gusto de la mayoría. Pero tampoco tienen que ser tan parcos que dejen a la imaginación de la gente lo que cada partido hará porque sea lo que se espera de él.
En el imaginario general, ha calado desde hace años la idea de que los programas son una carta de máximos a los Reyes Magos con promesas imposibles, y también que se hacen precisamente para no cumplirse. Es verdad en parte. Pero tiene que empezar a ser verdad, porque ese es un signo de honestidad política y de regeneración de la vida pública, que lo que se promete se cumple, y que no se prometa nada más allá de lo que es razonablemente posible cumplir. La ciudadanía precisa programas claros, creíbles y aplicables. Por tanto, deben ser concretos, coherentes y explicar muy bien cómo se conseguirán los fondos para aplicarlos, porque no es verdad que haya nada gratis ni nada inofensivo. Ya no valen las excusas del pasado, todavía practicadas por el PP en la legislatura que termina, de que la situación era mucho más complicada de lo esperado, porque entre todas las promesas debe haber una que, salvo imponderables, garantice que todo Gobierno dejará el país en mejor situación de la que se lo encontró.
Aquí ponemos el acento en la economía, que por otra parte ha sido la protagonista de el último decenio en el debate político. La crisis está superada en lo referente a la vuelta del crecimiento, y la financiación del Estado, antes en cuestión, está ahora garantizada. Pero la situación no está para tirar cohetes como en las ferias: sigue cogida con alfileres por los altos niveles de deuda que no acaban de desatar el motor de la inversión, y porque los financiadores que hoy dan la cara por España, pueden dar la espalda mañana si la línea marcada en los últimos años se tuerce.
Por tanto, a este requisito deben abonarse cuantos partidos quieran de verdad gobernar, pero incorporando a su ideario una recomposición de las lagunas sociales y la desigualdad que ha surgido tras la crisis. Ahora hay más recursos para hacerlo y el componente de solidaridad que siempre ha acompañado a la construcción democrática en España lo impone. En todo caso, tal recomposición debe evitar los excesos de protección y el fraude acumulado en el pasado, y respetar por encima de todo los avances que en el control de los desequilibrios financieros del sector público se han logrado, porque esa es la base sobre la que descansa todo el Estado del bienestar y el crecimiento.
Y dado que la economía está, pese a su recuperación, aún debilitada, debe mantenerse el compromiso de reforma continua para preservar siempre un elevado crecimiento potencial, sin el cual no es posible acometer la brecha de desempleo que España tiene respecto a sus iguales. La economía ha girado a una actividad más intensa en exportaciones, pero debe hacerlo aún más para generar un modelo productivo resistente a los vaivenes financieros del mundo o a las crisis nativas de demanda. En tal empeño es muy común la literatura vacía, pero España necesita menos propuestas hueras y más ideas creíbles y aplicables, aunque precisen del largo plazo para consolidarse. Y el largo plazo espera reformas pactadas de la educación, de las pensiones, de la administración pública, etc. y de todo cuanto proporcione larga vida al crecimiento y la generación de empleo de calidad.