EL consejo de ministros aprueba el reparto del remanente del Fondo de Liquidez Autonómico

El Gobierno da dinero, con condiciones, a Cataluña

La Generalitat recibirá 3.039 millones del remanente del FLA, casi el 40% del total

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, saluda al consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, saluda al consejero de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el reparto del remanente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2015, que asciende a 7.889 millones. Buena parte de este dinero irá a Cataluña, sin embargo, el Gobierno ha anunciado que las transferencias estarán vinculadas a una serie de condiciones adicionales.

El proceso independentista es el detonante de esta decisión. Hacienda argumenta que la rebaja del rating de la deuda catalana, que tiene la consideración de bono basura, o las amenazas de impago realizadas por políticos en Cataluña son elementos que también han contribuido a fijar condicionantes adicionales para el traspaso de recursos del FLA.

Cataluña recibirá 3.039 millones de los 7.889 millones que repartirá el Gobierno, es decir, casi el 40% del total. Sin embargo, Hacienda ha fijado mecanismos para garantizar que efectivamente este dinero se destina a pagar a proveedores. Así, la ayuda financiera se desembolsará por tramos a medida que se compruebe que la Generalitat utiliza los recursos para financiar los servicios públicos esenciales.

Para verificarlo, Hacienda exigirá que la Generalitat se conecte telemáticamente con el portal FACE, que es el servicio estatal de entrada de facturas electrónicas. Además, el interventor de la Generalitat deberá emitir un certificado mensual de la ejecución de todo el presupuesto, dejando constancia de que los gastos no contravienen el ordenamiento jurídico. Montoro garantizó que el Gobierno “amparará” la labor de los funcionarios públicos para que se cumplan estos condicionantes.

"No habrá margen para que la Generalitat utilice su presupuesto para ir contra la ley y la Constitución", señaló Montoro. El ministro de Hacienda recordó que, desde el inicio de la legislatura, el Estado ha puesto en marcha mecanismos de liquidez por un importe de 185.000 millones.

Montoro negó que el Gobierno tenga "intervenidas" las cuentas de Cataluña. Defendió que el Estado se ha limitado a garantizar la liquidez y ha fijado mecanismos de control para fomentar la reducción del déficit público. El ministro de Hacienda ha garantizado que el dinero facilitado a la Generalitat a través de los mecanismos de liquidez no ha servido para financiar el proceso independentista. "Estamos en disposición de explicar el destino de cada euro", señaló Montoro.

Nueva normativa de seguros
Otra de las normativas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros es el real decreto de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras. Este es el último paso para la adaptación de la legislación española de la directiva europea de Solvencia II, que entra en vigor el 1 de enero de 2016. Esta regulación establece unos requisitos mínimos de capital con los que deben contar las aseguradoras para garantizar su solvencia y facilitar la competencia entre entidades.

En caso de deterioro financiero, se regula el contenido del plan de recuperación y del plan de financiación a corto plazo que deben presentar las entidades cuando sus fondos propios no alcancen para cubrir el capital de solvencia obligatorio. El nuevo régimen de solvencia también fija el método de cálculo de provisiones técnicas, la determinación, clasificación y admisibilidad de los fondos propios y el cálculo del capital de solvencia obligatorio.

De este modo, según indica el Ministerio de Economía en un comunicado, se fija un régimen especial al que pueden acogerse entidades que no superen determinados límites en su actividad y entidades de características fijadas. El nuevo marco de Solvencia II también mejora protección de los consumidores: se refuerza el deber de información a los que contratan al seguro, en especial, en pólizas de decesos y de enfermedad.

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