Los asesores fiscales denuncian sanciones “desproporcionadas” a pymes y autónomos
Esta organización cree conveniente restaurar la definición de dolo para la calificación de una sanción
La Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) considera que se han de eliminar determinadas sanciones administrativas a pymes y autónomos, pues a su juicio son desproporcionadas y presentan un “mero interés recaudatorio”. Unas medidas, critican, que en ocasiones llegan a colapsar a las empresas.
Por el contrario, esta organización cree conveniente restaurar la definición de dolo para la calificación de una sanción, ya que con el reconocimiento de la equivocación simple o negligente no se sanciona a la Administración. Del mismo modo, han pedido que se aumenten los mecanismos y plazos para rectificar las declaraciones por detección de errores por voluntad propia, modificando su calificación actual.
En paralelo, desde Asefiget han propuesto modificar los tipos y tramos del IRPF, rebajando los tramos inferiores y aumentándolos en la parte superior del impuesto. Tal iniciativa es justificada por parte de este colectivo en que es "absurdo" que se aplique, por ejemplo, el tipo del 46% a quien gana 60.000 euros e igualmente a quien gana un millón de euros.
Del mismo modo, esta asociación asegura que es necesario bajar el tipo general del Impuesto de Sociedades al 20% en el caso de las pymes. Un reclamo al que agregan la posibilidad de incentivar la creación de nuevas empresas y la consolidación de su crecimiento ampliando a cinco años el tipo de gravamen reducido del 15%.
Igualdad autonómica
También relativo a la política impositiva gubernamental, esta asociación señala que es necesario armonizar impuestos en las diferentes comunidades autónomas, además de llevar a cabo una “profunda modificación de la legislación en torno a las sicavs para que sea la Agencia Tributaria quien asuma su control.
Finalmente, los miembros de este colectivo ha mostrado su apuesta por una firme lucha contra el fraude para superar los 12.300 millones de euros recaudados por este motivo en 2014. Para ello, apuestan por intensificar las actuaciones, aumentar los medios humanos, restringir el régimen de estimación objetiva para comerciantes minoristas o fomentar las comprobaciones e investigaciones a las grandes compañías.
