Riesgo terrorista: una amenaza de 100.000 millones de dólares
Durante el año pasado, 32.700 personas fallecieron en todo el mundo por terrorismo El Consorcio de Compensación de seguros ha abonado 341 millones en indemnizaciones
La Universidad de Cambridge y la firma Lloyds’s (el mayor mercado de seguros del mundo) publicaron hace tres meses un estudio sobre cuáles son los mayores riesgos que afrontarán hasta 2025 las mayores ciudades del planeta. El informe era concluyente: el terrorismo es una de las amenazas más preocupantes y su impacto sobre el sector asegurador es cada vez mayor. De hecho, aparece por delante de los riesgos vinculados al cambio climático, a los tsunamis o a los accidentes nucleares. El impacto económico que podría tener en los próximos 10 años roza los 100.000 millones de dólares.
Los atentados perpetrados el pasado viernes en París –con 129 víctimas mortales y más de 300 heridos– son el último capítulo del largo historial de sangre y destrucción que ha dejado tras de sí el terrorismo yihadista. Madrid (2004), Londres (2005), Bombay (2008)... la lista de capitales golpeadas por la barbarie no para de crecer.
Además de los incalculables daños en vidas humanas (32.700 personas asesinadas por actos terroristas en 2014, un 81% más que el año anterior, de acuerdo con cálculos de bróker de seguros Marsh), su impacto sobre la actividad económica y la destrucción de bienes provocados por este tipo de acciones es cada vez más frecuente y más dañino.
Los Gobiernos y el sector asegurador trabajan codo con codo para desarrollar nuevas fórmulas con las que cubrir el riesgo que supone esta amenaza global. Aunque en algunos países ya existía una cooperación público-privada para afrontar estos costes –como es el caso de España, con el Consorcio de Compensación de Seguros–, en la mayoría de jurisdicciones no había fórmulas específicas para indemnizar a las personas y empresas golpeadas por el terror.
Con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York todo cambió. Su coste sobrepasó los 43.000 millones de dólares, y el Gobierno norteamericano se vio obligado a crear una legislación específica para cubrir, a partir de cierto volumen, las pérdidas provocadas por este tipo de actos.
La ley sobre aseguramiento del riesgo terrorista (Terrorism Risk Insurance Act, TIRA) permitió al sector que siguiera ofreciendo cobertura ante este tipo de delitos, sin necesidad de tener que disparar las primas.
El esquema TIRA se creó en 2002 para cubrir un periodo de tres años, pero se ha renovado cada vez que vencía. La última vez fue la más polémica. La administración Obama estuvo tentada de cancelar el programa, pero en enero de 2015 el Congreso y el Senado aprobaron su renovación por otros tres años. Durante la negociación, el sector asegurador advirtió que los costes de las primas en centros comerciales, rascacielos, instalaciones universitarias o estadios, podría dispararse si las compañías no contaban con un tope de máximo de pérdidas garantizado por el Estado.
- El modelo francés
Siguiendo los pasos de Estados Unidos, Francia puso en marcha en 2002 el organismo para la gestión del seguro y el reaseguro (Gareat, por sus siglas en francés). Su funcionamiento es el de un pool de correaseguro donde deben participan todas las aseguradoras que pertenecen a la Federación Francesa de Entidades Aseguradoras, lo que engloba prácticamente a todas las compañías que operan allí. Este organismo tiene una sección para grandes riesgos (los siniestros que superen los 20 millones de euros, como será el caso de los atentados de París) y otra para pequeños riesgos.
Todas las aseguradoras adheridas se comprometen a responder de forma solidaria de los daños producidos por los terroristas, a través del mercado de reaseguro. El Estado francés actuará como garante de último recurso. Cada aseguradora paga a Gareat una tasa de reaseguro por las primas que comercialice con cobertura terrorista.
La respuesta de España ante los daños provocados por los atentados es diferente, debido a que aquí la banda ETA desplegó la amenaza terrorista mucho antes de que este tipo de acciones llegaran a otros países desarrollados (su primera víctima mortal fue una niña de dos años, asesinada en 1960). Esto hizo que el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), un organismo público dependiente del Ministerio de Economía, se empezara a hacer cargo de estos daños. Entre 1987 y 2014, el CCS ha resuelto 20.091 expedientes por actos terrorismo y ha abonado 348 millones de euros en indemnizaciones.
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