El nuevo ente de los registradores para luchar contra el blanqueo
Llama la atención el bajo número de operaciones sospechosas comunicadas por abogados al Sepblac
Los registradores aparecen como sujetos obligados en la legislación contra el blanqueo de capitales. ¿Y esto que significa? Implica que un registrador debe contar con mecanismos de prevención para detectar si alguno de sus clientes utiliza sus servicios para introducir en el circuito legal dinero procedente de actividades ilegales. Cuando exista tal sospecha, el registrador debe comunicar el caso al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), un organismo adscrito al Ministerio de Economía.
La normativa vigente contra el blanqueo de capitales contempla que perfiles profesionales como notarios o registradores podrían organizar sus labores de prevención a través de órganos centralizados. Así lo hicieron por ejemplo los notarios. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) –que supervisa y desarrolla en el ámbito internacional políticas contra el blanqueo de capitales– destacó en un informe publicado el año pasado que “el notariado ha logrado avances considerables como consecuencia de la creación del OCP (Órgano Centralizado de Prevención), que ha aumentado la concienciación y la capacidad en todo el sector”.
Ahora, una orden del Ministerio de Economía que se publicará hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) regula el órgano centralizado de prevención del Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. El organismo ya existía, pero carecía de un andamiaje legal más solido que tipificara su estructura y delimitara de forma precisa sus funciones. El OCP de los registradores será la correa de transmisión entre estos profesionales y el Sepblac. Su función será la de recabar las comunicaciones sospechosas de los registradores. El órgano centralizado analizará y cruzará la información para trasladar al Sepblac expedientes más sólidos y precisos. “La creación de órganos centralizados de prevención tiene por objeto intensificar y potenciar la colaboración de las profesiones colegiadas con las autoridades judiciales, policiales y administrativas, permitiendo un mayor nivel de especialización en estas tareas dentro del colectivo de sujetos obligados”, señala la orden ministerial.
Los últimos datos oficiales reflejan que los registradores comunicaron al Sepblac 147 operaciones sospechosas el año pasado frente a las 160 denunciadas el ejercicio anterior. Supone un retroceso del 8%. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que la creación del Órgano Centralizado de Prevención no necesariamente debía implicar un mayor número de notificaciones, pero sí mejorar la calidad de las mismas.
Los abogados quieren un órgano similar
La Ley y el reglamento contra el blanqueo de capitales exigen que, además de las entidades financieras, colectivos como los notarios, registradores, joyeros o anticuarios, entre otros, deben mantener protocolos que permitan detectar operaciones sospechas de blanqueo de capitales. En el caso de los notarios y registradores, la legislación contempla la creación de órganos centralizados de prevención que se ocupan de establecer análisis de riesgo y realizar labores de supervisión. El Colegio General de la Abogacía reclama un organismo similar para su colectivo, una idea que no desagrada a Economía. Los abogados son un colectivo que, teniendo en cuenta su número, notifica muy pocas operaciones sospechosas al Sepblac.
Ello es importante en la medida en que los recursos del Sepblac son limitados. Así, cuanto más precisas sean las comunicaciones que llegan a este organismo, más atinadas y certeras podrán ser las investigaciones que se pongan en marcha a raíz de las denuncias de los colectivos profesionales. El informe de evaluación del GAFI sobre España publicado en diciembre señaló que el Sepblac necesitaba incrementar su plantilla. El número de efectivos no alcanza el centenar y este organismo es el encargado de supervisar a 2.981 notarios, 1.079 registradores, 2.603 auditores o 1.115 asesores, entre otros. Sumando las comunicaciones de las entidades financieras, el Sepblac debe gestionar en torno a 4.000 operaciones sospechosas al año
La OCP de los registradores, además de aglutinar las denuncias y trasladarlas a la Administración, realizará labores de supervisión. Es decir, examinará que efectivamente los registradores mantienen sistemas eficientes para la prevención del blanqueo. En ningún caso tendrán capacidad para sancionar, pero sí que podrán remitir al Sepblac las carencias o incumplimientos detectados. La orden ministerial indica que “los registradores deberán facilitar al órgano centralizado de prevención cualquier información que éste les requiera para el ejercicio de su función de examen”.
El OCP también tendrá potestad para realizar análisis de riesgo que servirán para diseñar los procedimientos de control interno. El organismo estará integrado en el Colegio de Registradores, que se encargará de financiarlo. Los notarios son el colectivo profesional que más operaciones sospechosas comunica al Sepblac. En 2014, notificaron 288 casos, once menos que en 2013. Le siguen en el ranking los registradores de la propiedad con 147.
Los abogados, por su parte, solo notificaron 41 operaciones sospechosas, una cifra muy reducida, aunque duplica a los 19 casos del ejercicio anterior. Una de las principales críticas del GAFI fue precisamente que los abogados tenían un escaso conocimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales.
