Sánchez comparte con Rajoy actuar con “unidad, legalidad y política”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en la escalinata del Palacio de la Moncloa.EFE

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró esta tarde que comparte con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la necesidad de actuar desde “la unidad, la legalidad y la política” ante el desafío independentista en Cataluña. No obstante, destacó que le había pedido al presidente del Gobierno apostar por una vía dialogada tras las elecciones generales.

Sánchez transmitió este mensaje en la comparecencia ante los medios que mantuvo tras la reunión celebrada con Rajoy en el Palacio de la Moncloa para hablar de Cataluña, que se prolongó unos 45 minutos. “Unidad, legalidad y política. Son los tres términos que hemos compartido Rajoy y yo mismo”, resumió Sánchez.

El secretario general del PSOE subrayó que “con la misma contundencia y determinación” con que se va a defender la ley y la Constitución, una vez que se celebren las elecciones generales, es preciso encontrar una solución política en Cataluña. “Mi voluntad es firme de que a partir del 21 de diciembre, resolvamos desde la política esta crisis política”, remarcó. De hecho, Sánchez insistió en que el PSOE va a intentar “hasta la extenuación” encontrar esta vía “dentro de los cauces que reconoce la Constitución”, pero advirtió a Junts pel Sí y a la CUP que “nunca bajo los criterios de la resolución independentista”.

Esta reunión entre el jefe del Ejecutivo y el líder del principal partido de la oposición se produjo horas después de que se conociera que el Consejo de Estado avala la impugnación por el Gobierno, ante el Tribunal Constitucional (TC) de la denominada resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP. En su dictamen plantea que el órgano de garantías incluya tres puntos concretos en la providencia que probablemente dictará admitiendo a trámite el citado recurso. Entre ellos, que la providencia se notifique “bajo apercibimiento” a un total de 21 cargos electos y del Gobierno de Cataluña.

En concreto, se propone pedir que el TC notifique a esas personas concretas –se las cita con nombre, apellido y cargo–, que dicha notificación se haga “bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones” –lo que de incumplirse, daría lugar a acciones penales–, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.

Así, el Consejo de Estado propone que la resolución que adopte el Pleno del tribunal de garantías sea notificado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y al presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas, o en su caso a la persona que resulte nombrada tras la investidura; pero también a los miembros de la Mesa del Parlament y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat, a quienes se cita expresamente.

Además, sugiere que se solicite al Tribunal Constitucional que en dicha notificación se imponga a Forcadell, a la Mesa del Parlament y al secretario general de esta cámara legislativa “la prohibición expresa de admitir a trámite, ni para su toma en consideración ni para su debate o votación iniciativa alguna (...) que directa o indirectamente pretenda dar cumplimiento a la resolución suspendida”.