Miguel Temboury Redondo, subsecretario de Economía

“El cliente de productos financieros debe saber en qué se mete”

Miguel Temboury Redondo, subsecretario de Economía y Competitividad
Miguel Temboury Redondo, subsecretario de Economía y Competitividad

El Gobierno impulsa un mayor control sobre los productos que vende la banca en las oficinas, así como las aseguradoras y las empresas de servicios de inversión. Economía obligará a que el sector los clasifique con una escala para que los clientes conozcan de un vistazo su nivel de riesgo. Llevará colores del verde al rojo o números del uno al seis.

Entrará en vigor en febrero, pero el denominado semáforo para clasificar el riesgo de productos financieros ya está aprobado. El sector financiero temía la norma, aunque Economía ha aceptado algunas de sus sugerencias. Miguel Temboury –subsecretario de Economía y Competitividad, abogado del Estado y que desde diciembre de 2011 forma parte del equipo del ministro Luis de Guindos– es uno de los artífices del nuevo termómetro. Así, defiende su pertinencia, pese a que deja fuera algunos de los productos de reconocido peligro, como los derivados.

Pregunta. El semáforo se aprobó la semana pasada. ¿Por qué el retraso desde que se planteó en el Congreso en noviembre de 2013?

Respuesta. No hemos dejado de trabajar en este tema. Debido a la gran complejidad de los productos financieros es difícil encajarlos en categorías. Es cierto que se ha tardado, pero nunca es tarde si la dicha es buena.

P. La CNMV fue la primera en mover ficha. Tuvo lista su circular en 2014 y se quejó de la lentitud de Economía...

R. Tuvimos que determinar el ámbito normativo. La circular de la CNMV estaba bastante bien enfocada, pero nos parecía que era más sólido legislar a través de una orden ministerial, que además permitía introducir más productos: bancarios, de pensiones, seguros...

P. El semáforo deja fuera a los derivados, productos bastante peligrosos, como los contratos por diferencias (CFD) y los warrants...

R. Se han sacado los productos que están bajo la normativa europea de productos empaquetados, que entrará en vigor en diciembre de 2016. No hay margen para que los Estados, y así nos lo hizo saber el Consejo de Estado, legislen en este ámbito. Así, para menos de un año consideramos que no merecía la pena. Esos productos no van a tener la protección adicional del semáforo, pero los supervisores correspondientes tendrán que velar para que no haya comportamientos inapropiados.

P. Pero curiosamente los productos de más riesgo –la CNMV ha hecho mucho hincapié en los CFD, por ejemplo– serán de los pocos que carezcan de un indicador de riesgo.

R. En el reglamento europeo hay una definición genérica, pero no hay una lista de productos. La CNMV, la DGSFP y el Banco de España, que tienen facultades de desarrollo de la norma, disponen de un cierto margen para decidir si pueden acoger un producto a esta norma.

P. La banca se ha quejado del semáforo, que se ha cambiado al menos cinco veces. ¿Ha habido presiones?

R. A mí personalmente no me han llamado, y llevamos toda la legislatura sacando normativa para proteger al inversor. Eso sí, estas normas siempre están sometidas a un trámite de alegaciones, de audiencia pública, y hay sugerencias que se tienen en cuenta y otras que no. Puede quejarse quien quiera, pero es labor de este ministerio velar por el objetivo de que los productos financieros se comercialicen correctamente y no haya perjuicios.

P. Pero sí se han cambiado, además de la cuestión de los derivados, aspectos fundamentales. Por ejemplo, las entidades podrán elegir entre poner los colores o un número...

R. Sí, pero aunque son preferibles los colores los números son bastante intuitivos también. En definitiva se cumple el objetivo de que alguien no iniciado pueda entender el riesgo. Queremos que todos los clientes de productos financieros sepan en qué se están metiendo.

P. ¿Cabría incluso prohibir algunos productos para los particulares?

R. Es que también creemos en la libertad de mercado: se venden cajetillas de tabaco con el aviso de ‘fumar mata’ y la gente sigue comprándolas. Lo que no vamos a hacer es decir que no se puede fumar. Nos gustaría que con esta norma nadie pudiera decir que no sabía lo que compraba.

P. También ha habido problemas con productos como las cláusulas suelo, las hipotecas en otras divisas... ¿Por qué no se han incluido?

R. Hay que poner en contexto todo lo que se ha hecho en estos cuatro años. Las cláusulas suelo y las hipotecas en divisas, por ejemplo, han sido objeto de normativa anterior. Y se hizo con las preferentes, elevando al máximo los requisitos para proteger a los pequeños inversores. En hipotecas hemos sacado desde el Código de Buenas Prácticas, hasta la reforma de la ley hipotecaria y la ley de segunda oportunidad. No hemos parado en ese aspecto.

“Nos lo irán copiando en otros países”

Viene de Europa y ya está aprobado, pero no entrará en vigor hasta 2017. Es un reglamento que recibió luz verde en diciembre de 2014 y que tiene como misión que los pequeños inversores conozcan, sin necesidad de leerse una avalancha de papeles, el riesgo de determinados productos financieros. Se aplicará, eso sí, solo a los productos en los que el importe reembolsable esté sujeto a fluctuaciones debido a la exposición a valores o índices. Es decir, a todos los derivados, como los futuros, opciones, warrants y contratos por diferencias (CFD). Con la norma española habrá una “protección universal, para todos los productos”, afirma Temboury.

El alto cargo de Economía reconoce que durante un tiempo convivirán hasta tres índices de riesgo de productos financieros: el de los fondos de inversión, el semáforo de Economía y el que se cree con la nueva normativa europea. “Pero en esto estamos obligados por la UE. Hay muchos aspectos que nos vienen dados, y tiene lógica, porque estamos en un mercado único”, asegura. Sobre esto, el sector financiero español aduce que sale perjudicado, porque, salvo un puñado de países que ha puesto en marcha iniciativas similares a las del semáforo español –Portugal, Bélgica y Dinamarca–, el resto va a esperar al reglamento europeo. Temboury responde que “la libre competencia es un bien que debe defenderse, pero ante todo defendemos la protección del consumidor”. “Creo que esto nos lo irán copiando en otros países”, sentencia.

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