España, el país de la UE que menos invierte en luchar contra el fraude fiscal
En los años 2012 y 2013 España dejó de recaudar más de 23.700 millones de euros en IVA
España es el país de la Unión Europea que menos invierte en medidas para acabar con la economía sumergida y el fraude fiscal. Así lo ha puesto de manifiesto el I Foro para la competitividad de la pyme, que ha sido presentado recientemente. Los informes emitidos tanto por la OCDE y la Comisión Europea demuestran que el Estado dejó de recaudar en los años 2012 y 2013 más de 23.700 millones de euros en IVA debido al fraude no detectado.
Este Foro llega a la conclusión de que uno de los principales problemas a los que se enfrentan las medianas y pequeñas empresas, y por lo tanto también la Administración Tributaria, es la evasión y la elusión fiscal. Este fraude fiscal alcanza ya el 25,3% del PIB nacional, lo que implica que cada año se esfume algo más de 88.000 millones de euros en impuestos.
Todo esto consigue repercutir de manera negativa sobre la competitividad y la productividad de las pymes, tanto a nivel nacional como internacional. Se puede decir que se genera una situación de mucha desigualdad entre aquellas empresas y profesionales que cumplen con la ley y pagan sus impuestos y los que no. También hay que destacar que las prácticas de planificación fiscal agresiva por parte de ciertas compañías de importante tamaño también provocan una competencia desleal que repercute en la competitividad de las pymes, generando así un elemento más de desigualdad entre las empresas.
El pasado mes de julio se publicó el informe sobre 'Las 10 peticiones de las pymes para el Gobierno', en donde quedaron patentes las grandes preocupaciones de las pequeñas y medianas compañías del país. La lucha contra el fraude, la corrupción, la transparencia y la honestidad política son algunas de las demandas de este colectivo.
Para acabar con el problema del fraude en España la OCDE realizó una serie de recomendaciones con el uso de las nuevas tecnologías como principal solución a los problemas. La propuesta que se puso encima de la mesa fue el SAF-T, una estructura de archivo que recoge información contable fiable y que permite a la Administración detectar las defraudaciones tributarias de manera rápida y eficaz. Ya se implantó con éxito en otros países europeos como Francia, Portugal, Austria y Luxemburgo.