Fin del secreto bancario para los ciudadanos de la UE en Suiza
El Parlamento fijó hoy su posición sobre el acuerdo con Suiza que hará más difícil a los ciudadanos europeos eludir al fisco mediante cuantas bancarias en el país helvético. En aplicación del acuerdo, que entrará en vigor en 2018, la UE y Suiza intercambiarán automáticamente información sobre las cuentas bancarias que sus residentes tengan en el otro territorio.
"No permitiremos que personas o empresas escondan sus activos para no pagar impuestos. Cada vez que alguien comete fraude fiscal, está sustrayendo fondos que podrían dedicarse a educación o sanidad. Poner fin al secreto bancario es un paso importante en la lucha contra el fraude y hacia la justicia tributaria”, señaló el ponente, Jeppe Kofod (S&D, Dinamarca). La Cámara dio su visto bueno al texto por 593 votos a favor, 37 en contra y 58 abstenciones.
La UE y Suiza alcanzaron en mayo de 2015 un acuerdo contra el fraude y la evasión fiscal. Se comprometieron a intercambiar información no solo sobre ingresos, como intereses y dividendos, sino también sobre el saldo de las cuentas bancarias y las ganancias derivadas de la venta de activos financieros.
El convenio prevé que Suiza aplicará medidas más estrictas, equivalentes a las que ya están en vigor en la UE desde marzo de 2014. El acuerdo cumple los estándares globales de intercambio automático de información sobre cuentas bancarias establecidos por la OCDE.
También incluye disposiciones dirigidas a limitar las opciones de los contribuyentes para eludir sus obligaciones fiscales mediante la transferencia de activos o invirtiendo en productos que no están cubiertos por el acuerdo.
Cuando comience a aplicarse el convenio, las autoridades tributarias en los Estados miembros y en Suiza podrán: identificar correctamente y de manera inequívoca a los contribuyentes, aplicar sus normas fiscales en casos transfronterizos, evaluar el riesgo de fraude fiscal, y evitar investigaciones innecesarias.
La UE y Suiza deben ahora rubricar el acuerdo a tiempo para su entrada en vigor el 1 de enero de 2017. La consulta al Parlamento era preceptiva. El convenio también tendrá que ser ratificado por el parlamento suizo.