Europa insta a reducir los requisitos de las sicav
Las sociedades de inversión de capital variable (sicav) están en el ojo del huracán desde hace años. Son un arma política arrojadiza, y se juega con el desconocimiento por parte del público sobre su fiscalidad. Su tributación ha vuelto a la palestra ante las declaraciones de los dos líderes de los partidos emergentes que previsiblemente obtendrán una representación importante e incluso decisiva en el Parlamento que salga de las urnas el 20 de diciembre.
Pablo Iglesias, de Podemos, aboga directamente por eliminar las sicav; Albert Rivera, de Ciudadanos, avisa de que las revisaría a fondo para asegurarse de que cumplen la normativa actual. Señaló que, según los datos de la Agencia Tributaria, solo una minoría son lícitas de verdad.
Desde el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, su secretario general, José María Mollinedo, asegura que más del 80% de las alrededor de 3.400 sicav registradas en la CNMV incumplen la normativa. La figura se creó en 1984 y casi desde el principio se impuso como exigencia que dispusieran de al menos 100 accionistas, sin computar aquellos que disponen de más del 25% del capital. Esta obligación quedó refrendada en las normativas de 2003, 2005 y 2012, que además requerían un capital mínimo de 2,4 millones de euros, tanto para las sicav como para los fondos de inversión clásicos.
La polémica está en que en el caso de las sicav solo hay una minoría de socios reales; el resto son hombres de paja necesarios para crear el vehículo, pero que no tienen ningún control ni interés verdadero en él. Es decir, una familia o a lo sumo un grupo de inversores controla de hecho ese instrumento. Los accionistas se benefician por tanto del diferimiento en la tributación de la que gozan todas las instituciones de inversión colectiva, también los fondos. Solo pagan un 1% en el Impuesto de Sociedades, frente al 28% del tipo general que se paga este año y que bajará al 25% el próximo ejercicio. Si los inversores compraran y vendieran por su cuenta deberían arreglar cuentas con la Agencia Tributaria cada año. No es menos cierto que los inversores en una sicav o en un fondo pagarán en su correspondiente impuesto sobre la renta por las plusvalías que se hayan embolsado en el momento de la venta de sus participaciones en esos vehículos. Es decir, este año entre un 19,5% y un 23,5%.
Las advertencias de los partidos emergentes chocan con la normativa europea, con las directrices del supervisor europeo de los mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) y con lo que sucede en el resto de los países europeos. Solo en Portugal comparten la regulación española: se exige que cada sicav cuente al menos con 100 accionistas. En Francia, por su parte, han rebajado justo el pasado septiembre las exigencias en cuanto al número mínimo de inversores de siete a dos.
La fuente original de la regulación en Europa de los fondos de inversión y de las sociedades nunca ha establecido un umbral de socios. La propia CNMV en una nota define qué debe entenderse por “pluralidad de inversores”, la característica clave que deben poseer tanto las sicav como los fondos de inversión. “El vehículo debe regirse por unas normas que no restrinjan la captación de capital a un solo inversor (aunque en la práctica la entidad solo tenga uno)”. Así ocurre en la práctica con las sicav, obligadas a dar entrada a cualquier inversor para gozar de la ventaja fiscal. La gran mayoría de ellas cotiza por ello en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). Es el supervisor que preside ahora Elvira Rodríguez el que en la práctica se encarga de que se cumplan las condiciones para que los fondos y las sicav tributen al 1% en Sociedades.
Peticiones
Gestha defiende la introducción en la normativa de instituciones de inversión colectiva de un requisito adicional según el cual ningún socio puede ser accionista de más de un 3% del capital. El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, mantiene que llegado el caso de que uno de los inversores superara ese porcentaje “la CNMV tendría que sacar a esa sicav del registro de instituciones de inversión colectiva”.
En 2005, el Ministerio de Economía, dirigido por Pedro Solbes, decidió que fuera la CNMV el órgano encargado de regular las sicav, dejando fuera a la Agencia Tributaria que dos años antes había abierto liquidaciones a algunos de estos vehículos exigiéndoles una tributación del 35%. Un pulso que acabaron ganando las sicav al lograr que el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) refrendó su tributación al 1%, al confirmar que solo el regulador del mercado de valores podía decidir si uno de estos vehículos cumple o no con los requisitos.
Gestha prefiere imponer ese límite del 3% que elevar la tributación a los inversores de las sicav algo que ya se produjo en el País Vasco –donde pasaron de tributar al 28% desde el 1%- y que se saldó con una deslocalización de las sede de estas sicav. Las registradas en el resto de España huirán de forma inmediata a otros países, como Luxemburgo, si finalmente se ataca la ventaja fiscal de estos instrumentos, según fuentes del sector.
