Editorial

Una fiscalidad para fortalecer las empresas

Un vistazo simple al desempeño del Impuesto sobre Sociedades de este año y del estimado para 2016 revela que la recaudación se ha incrementado notablemente hasta ahora y lo hará en similares proporciones en el ejercicio próximo. Lógicamente, el marchamo de la economía del bienio referido no tiene mucho que ver con el del bienio inmediatamente precedente, en el que la aportación del impuesto sobre Sociedades contabilizó los peores registros del siglo, víctima sobre todo de una intensísima recesión. La recuperación que ha llegado a la economía se ha reflejado en la recaudación de Sociedades, con un avance estimado del 20% (hasta 22.600 millones de euros) este año y parecido al año próximo, a juzgar por las estimaciones presupuestarias (24.800 millones). Fruto también de la recuperación de la confianza, de los mecanismos de financiación y del crecimiento de la economía y las ventas de las empresas es la capitalización de las compañías, reflejada en los índices bursátiles. Y todo ello, el avance de la recaudación y la revalorización de las sociedades, pese a una reforma integral del Impuesto sobre Sociedades que reducía los tipos impositivos, por un lado, y que recibía invectivas por un supuesto castigo a la inversión y a la utilización de recursos ajenos para financiarse.

Es innegable que la reforma del impuesto tenía entre sus objetivos el de recomponer los ingresos públicos, porque no es aceptable que las empresas españolas solo aportasen el 1,5% del PIB a las arcas fiscales, por muy intensa que fuese la crisis y el recorte de sus beneficios, cuando en el pasado sus aportaciones habían superado con creces el 4,5% del PIB. Una simple exigencia de un reparto justo de la carga precisaba de modificaciones fiscales que equilibrasen el papel de cada impuesto en los ingresos del Estado. Sobre todo siendo Sociedades, con las cotizaciones a la Seguridad Social, el único impuesto nacional en su recaudación y gestión, el único que garantiza la unidad fiscal, ya que IRPF e IVA están cedidos en muy buena parte a las comunidades autónomas.

Pero la reforma que aprobó el Gobierno el año pasado, y que entró en vigor en enero último, tenía intenciones más ambiciosas que contribuir a la ineludible consolidación fiscal del país, que ya está encaminada y que ha contribuido de manera determinante en la recomposición de la confianza internacional, de la vuelta de la financiación a todos los agentes económicos y de la recuperación de la actividad. Buscaba, en paralelo, aliviar la carga tributaria para liberar beneficios que pudiesen ser reinvertidos, así como incentivar la capitalización de las sociedades, sobre todo las de pequeño tamaño, así como el fomento de actividades de I+D, o la creación de empleo. En definitiva, un paquete de medidas encaminadas a incrementar la competitividad de las empresas.

Los resultados no parecen haber cubierto las expectativas, a juzgar por los datos que la administración tributaria tiene en su poder, sobre todo en la utilización tanto de las reserva de capitalización (consistente en destinar anualmente hasta un 10% del beneficio a reserva no utilizable, que a su vez reduce la base imponible, y que debe mantenerse como reserva cinco años), como de la reserva de nivelación de las bases imponibles, (consistente en constituir reservas de hasta un millón de euros, que reduce en igual cantidad la base sujeta al impuesto, y que puede compensar en el futuro la aparición de pérdidas en los cinco años siguientes). Los cálculos iniciales apuntaban a que cerca de medio millón de empresas, sobre todo de pequeño tamaño, se acogerían a estas fórmulas de reducción explícita del impuesto y de capitalización de la sociedad, amén de las que utilizasen el bono incrementado por actividad de I+D+i, lo que supone un triple ahorro para impulsar ulteriores proyectos de inversión.

Como si de una reforma continua se tratase, la de la tributación societaria no ha concluido, puesto que a una rebaja de tipos nominales hasta el 28% con carácter general, se añadirá otra hasta el 25% desde enero, sin cambios adicionales en la arquitectura de deducciones y bonificaciones del impuesto. Una reforma que puede interpretarse como un elemento multiplicador del fortalecimiento de las empresas y de la inversión para consolidar la recuperación de la economía, del empleo y de los excedentes empresariales.

 

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