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Esperará a ver qué comisión cobran Santander y Popular

Banca March buscará alianzas de cajeros si los de 4B se encarecen

Banca March cuenta con apenas 500 cajeros en toda España por lo que necesitará aliados para garantizar que las retiradas de efectivo de su clientela no disparan su factura.

Fachada de la sede de Banca March en Madrid
Fachada de la sede de Banca March en Madrid
Juande Portillo

La banca privada también busca su sitio en el nuevo mapa de comisiones de los cajeros automáticos. Banca March estudia actualmente los movimientos de la competencia y fuentes del sector avanzan que la firma analiza ya qué alianzas estratégicas podría sellar con otras entidades para asegurarse de que la nueva legislación no dispara el coste de retirada de efectivo por parte de sus clientes en terminales ajenos. Una factura habitual para una entidad que apenas cuenta con medio millar de cajeros propios en toda España.

Una red, de 515 cajeros concretamente, que se encuentra fuertemente concentrada en su oriunda comunidad balear y en Canarias, pero que se reduce drásticamente a un puñado de oficinas en Madrid o Cataluña, y directamente es inexistente en buena parte del panorama nacional.

El Congreso convalida la norma de cobro único

El decreto ley que prohíbe el cobro de dobles comisiones por el uso de cajeros automáticos aprobado por el Gobierno a principios de mes fue convalidado ayer por el Pleno del Congreso de los Diputados con los votos de PP, UPyD, Convergència (CDC), Unió (UDC), Amaiur y Geroa Bai. Mostrando su apoyo al espíritu de la norma pero subrayando las carencias de un texto que podía haber ido más lejos, se abstuvieron de votar el PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y el Bloque Nacionalista Galego.

“La doble comisión será una, pero será mayor”, criticó el portavoz económico del PSOE, Juan Moscoso del Prado, sosteniendo que con la norma “no se resuelve el problema de fondo de la transparencia y la desprotección del cliente”. Moscoso criticó además que la nueva regulación acaba con la obligatoriedad de mostrar en la pantalla del cajero el coste exacto que se le cobrará al cliente, pues solo figurará la comisión que se traspasa a su entidad y que esta podrá repercutirle o no. Moscoso recriminó a Luis de Guindos, que compareció para defender la norma, que este paso atrás en la transparencia se de ahora que es ministro de Economía cuando la información en la pantalla del cajero comenzó a ser obligatoria precisamente cuando este era secretario de Estado durante el Gobierno de José María Aznar. Otros miembros de la oposición reclamaron la oportunidad perdida que había para regular y limitar todas las comisiones que cobra la banca. “Les puede parecer insuficiente, pero no malo”, contestó el portavoz económico del PP, Vicente Martínez-Pujalte, que aprovechó para despedirse de la Cámara Baja tras 21 años en ella. Tanto él como Guindos insistieron en que el Ejecutivo ha activado con urgencia para garantizar la protección de los usuarios de banca.

Hasta la fecha, y por regla general, la entidad se había limitado a traspasar a su clientela la llamada tasa de servicio o intercambio que las entidades financieras se cobraban entre ellas cuando un cliente ajeno acudía a sus cajeros.

Cuando CaixaBank revolucionó el mercado la pasada primavera, iniciando el cobro directo de dos euros a quienes no eran sus clientes –que entidades como Banco Santander y BBVA anunciaron que imitarían–, Banca March tomó dos decisiones.

De un lado evitar que en estos casos se siguiera repercutiendo sobre sus clientes coste alguno, evitando así incurrir en una doble comisión. De otro, informar por carta a todos sus clientes del coste de retirar efectivo de los cajeros de las distintas entidades, recomendándoles acudir a las de comisiones más bajas.

El problema es que la nueva legislación, aprobada por el Ejecutivo a comienzos de mes, acaba de facto con la existencia de la llamada tasa de servicio o intercambio, pues permite a los dueños de los cajeros aplicar la comisión que consideren oportuna a los competidores cuyos clientes usen sus cajeros. La situación promete poner en serios problemas a las entidades con redes de cajeros de menor tamaño.

El coste que tendrá para ellas que sus clientes utilicen los cajeros de otro podrá pasar de la tasa tradicional, de unos 60 céntimos, al entorno de los dos euros que CaixaBank prevé mantener bajo este nuevo marco legal.

Para las entidades se da el dilema de si seguir traspasando este coste a su clientela, lo que hará que esta se plantee si no le compensa buscar una entidad con mayor red propia, o asumir el impacto, lo que supondría un golpe adicional a sus cuentas en un momento en que los márgenes se han visto seriamente mermados.

Desde la entidad aseguran que “hoy por hoy” no tienen previsto aplicar un access fee o tasa de acceso adicional a terceros, pero explican que se mantienen “a la expectativa de ver cómo el sector se va a adaptando a la normativa”.

Fuentes financieras avanzan que Banca March, cuya red pertenece a 4B, deberá mover ficha si los grandes socios de esta plataforma, Banco Santander y Banco Popular, deciden seguir los pasos de CaixaBank y aplicar fuertes comisiones a terceros.

Si este fuera el caso, la entidad podría optar por negociar con la alianza que han formado Bankia, Sabadell y las cajas adscritas a la red Euro 6000. Otra alianza potencial sería con las rurales y cooperativas, cuya pequeña red las empuja también a buscar socios.

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