Una política razonable de austeridad
Las grandes constructoras españolas, agrupadas en Seopan, han decidido enviar un mensaje claro y unánime a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales. Ante la perspectiva de que en la próxima legislatura se mantengan las medidas de austeridad, la asociación reclama un aumento de la inversión pública para conservar en buen estado las infraestructuras en España. Desde el sector se apunta, concierto malestar, a la falta de referencias a la inversión dentro del debate político de la campaña electoral, más centrado en la necesaria regeneración de la vida pública española, por un lado, y en el sudoku de los posibles pactos poselectorales, por el otro.
Como pilar de su demanda, Seopan ha encargado a la consultora internacional AT Kearney un informe sobre el montante de inversión que debería poner sobre la mesa el próximo Gobierno para mantener en buen estado las distintas áreas de infraestructuras. Entre esos nichos destaca la conservación de la red de carreteras, que en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 cuenta con una dotación de 1.058 millones de euros. Pese a ello, desde el sector se considera que la cifra es claramente insuficiente para atender a la conservación de las carreteras y vías de transporte españolas.
Las recomendaciones del Banco Mundial en esta materia aluden a un mínimo de inversión del 2% del valor patrimonial de la red, que en España suma unos 80.000 millones de euros y alcanzaría los 150.000 millones si se añade el de las vías que están en manos de las comunidades autónomas y ayuntamientos. De aplicarse la fórmula de este organismo a las previsiones de Fomento, el Ejecutivo debería desembolsar 1.600 millones más de lo previsto, una cifra que desde el sector elevan a 2.000 millones para compensar el dinero no invertido en los últimos cinco años.
Más allá del montante que arrojen esos cálculos, hay dos argumentos de peso para pedir al Ejecutivo que se invierta en el mantenimiento de las red de infraestructuras. El primero es el potente desembolso de recursos públicos que se ha llevado a cabo para construir esa red, un esfuerzo que es necesario amortizar con un mantenimiento que permita a las infraestructuras funcionar a pleno rendimiento. El segundo, la importancia que tiene para las comunicaciones, los intercambios comerciales y la vida económica en general la existencia de una red de vías segura, moderna y fluida. En ese sentido, una política razonable de la incuestionable y necesaria austeridad puede tener como resultado una congelación temporal de obra pública nueva, pero nunca debería implicar el descuido de la red construida y en plena explotación.