Solo el 18% de los funcionarios regionales cobrará la extra de 2012
Andalucía y Aragón aún no han abonado ni un euro de la paga anulada hace tres años Cataluña también tiene pendiente el desembolso de las mensualidades de 2013 y 2014
En 2012, el Ejecutivo suprimió una de las pagas extraordinarias a todos los empleados públicos dentro del plan de ajuste necesario para cuadrar las cuentas de todas las administraciones. Una decisión impopular que, sin embargo, ahorró cerca de 1.000 millones de euros, tal y como reconoció el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria. Tres años después, en paralelo a la recuperación económica y aprovechando las múltiples citas electorales, Hacienda ha ido dosificando los guiños a los funcionarios. En enero de 2015 ya recibieron un 25% de la paga anulada; posteriormente anunció que en la nómina de octubre recibirían otro 26% y que el resto se devolvería en dos tandas a lo largo del próximo ejercicio.
Un esquema válido para los funcionarios de la Administración General del Estado, pero no para los ligados a las comunidades autónomas o a los municipios, donde hay muchos empleados públicos que todavía no han cobrado ni un euro de la mensualidad que se les suprimió hace tres años. Así lo denuncia la central sindical CSIF en un informe al que ha tenido acceso este periódico, en el que se muestra la fuerte disparidad de las autonomías en este capítulo, motivada en gran medida por las estrecheces presupuestarias. Solo hay tres comunidades autónomas (Galicia, Castilla y León y Canarias) que se han comprometido con sus funcionarios a establecer un calendario de devolución. Los últimos datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas revelan que los empleados públicos ligados a esas tres comunidades suman 229.728 trabajadores, lo que supone tan solo el 17,8% del total.
Al margen quedan un millón de funcionarios, cuyos Gobiernos no han querido o no han podido fijar en el calendario un período de devolución. Las estrecheces presupuestarias (la gran mayoría están sometidas a un plan de reequilibrio para frenar la escalada de la deuda pública y reducir el déficit) han llevado, por ejemplo, a que los empleados públicos de dos autonomías (Andalucía y Aragón) no hayan visto abonado ni un euro de la extra suprimida en 2012. En el caso de la comunidad presidida por Susana Díaz, la que más funcionarios tiene (237.549, un 18,5% del total), el informe señala que no hay nada en firme, excepto “el compromiso de que se devolvería una cuarta parte en febrero de 2016”, mientras que en la autonomía presidida por el socialista Javier Lambán, el futuro es todavía más preocupante. La central sindical apunta que todavía no se ha convocado la mesa de negociación y que peligra, no solo la devolución del 25% inicial, “sino el resto de la paga extraordinaria y la subida salarial del 1% decretada para 2016”.
Pero los empleados públicos autonómicos que más ajustes han sufrido, sin duda, son los de Cataluña, en el que el incumplimiento sistemático de los objetivos de déficit ha llevado a sucesivos planes de ajuste con un mismo protagonista: la extra de los empleados públicos (164.586, la segunda región que más tiene). El Ejecutivo central les suprimió la de 2012 y el autonómico hizo lo mismo con la de 2013 y 2014. Este año ha sido el primero que la han cobrado y el informe de CSIF apunta que de la de 2012 solo cobraron a principios de este año un 25%. “A día de hoy no se ha devuelto el 26,2% y falta la extra de 2013 y 2014”.
El informe deja entrever las dificultades del ajuste presupuestario. Dos autonomías (Asturias y Murcia) sopesan calendarios que se van hasta el 2017 para la devolución de la extra de 2012 y una gran mayoría no se ha comprometido a anunciar plazos por la falta de fondos. Es el caso de Baleares, Navarra, Comunidad Valenciana, Navarra o País Vasco, cuyos Gobiernos tienen voluntad de abonar el 26,2% de final de año, pero no tienen fondos. Castilla-La Mancha baraja fraccionar la devolución en dos pagos: un 12% en octubre y el resto sin fecha determinada.
Otros derechos recortados durante la crisis
En la legislatura presidida por Mariano Rajoy, los empleados públicos también perdieron días de libre disposición, días libres por antigüedad y vieron ampliada su jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Los dos primeros ya se han recuperado íntegramente.
Moscosos: El plan de redimensionamiento del sector público y las medidas de ajuste que se implementaron en el mismo llevaron a suprimir en 2012 tres de los seis días de libre disposición, más conocidos como moscosos (el ministro que los instauró fue el socialista Javier Moscoso, titular de Presidencia entre 1982 y 1986). Los empleados públicos lo han ido recuperando paulatinamente. En la actualidad vuelven a disponer de seis días de libre disposición y Hacienda ha ampliado el período de disfrute hasta el 31 de enero de 2016 frente a la fecha inicial del 15 de enero.
Canosos: En 2012 se suprimieron tres canosos (días libres adicionales en función de la antigüedad) que se han recuperado íntegramente y también cuatro días de vacaciones por antigüedad. También se han devuelto en su totalidad. De esta manera, los 22 días hábiles anuales de vacaciones que tienen todos los empleados públicos se ven aumentados a 23 días para aquellos con quince años de servicio; a 24 días para los veinte años; a 25 días para los 25 años; y a 26 días para los 30 o más años.
Subida salarial: Tras cinco años consecutivos de congelación, el sueldo de los funcionarios subirá un 1% en 2016, tal y como fijó el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2016.
Horarios: Una de las medidas que más soliviantó a los empleados públicos fue la ampliación de la jornada semanal a 37,5 horas. Una medida que todavía no se ha revertido, pero que está en la mesa de negociación.
