Editorial

Solidaridad entre personas y entre regiones

El nuevo modelo de financiación autonómica que pretende negociar el Gobierno en 2016 –si repite tras las elecciones– tiene que hacer frente a algo más que un intrincado juego de números para tratar de cuadrar los deseos de unas regiones y otras. Por primera vez desde que arrancó el Estado autonómico se cuestiona una parte del sistema de financiación, cual es el que queda al margen del régimen común, por considerar que mantiene una serie de privilegios sobre el resto; y por primera vez también la nueva fórmula mágica debería dar satisfacción a ambiciones políticas que van más allá de las demandas económicas, aunque comenzaron por ellas, como es el caso del independentismo de Cataluña.

El mecanismo vigente de financiación autonómica está construido sobre unas bases de difícil sostenibilidad, puesto que solo son viables para una economía que crezca como lo hacía la de 2006 y que genere los recursos fiscales que generaba entonces, con un boom inmobiliario coyuntural que no volverá y que aportaba nada menos que el 8% del PIB en recursos públicos. Tal mecanismo saltó por los aires con la crisis, aunque se mantenga formalmente su esqueleto y su aplicación, y solo es sostenible porque el Estado ampara la financiación con recursos ajenos de todas las comunidades autónomas, con muy honrosísimas excepciones. Se ha prorrogado porque el Gobierno consideraba que la crisis fiscal del Estado, extendida a todas las regiones, no aconsejaba acometer la reforma. Pero ahora, recompuestos como están los ingresos públicos y ajustados los niveles de gasto que están cuasi por completo en manos de los territorios, hay que buscar fórmulas más flexibles que atiendan las demandas de todos, respeten la suficiencia de recursos y garanticen la solidaridad entre personas más que entre regiones. La cesión de figuras impositivas tiene ya poco recorrido si el Estado quiere preservar la solidaridad reteniendo algunas de ellas; pero las regiones deben utilizar más la capacidad normativa que tienen si quieren dar a sus administrados cotas de prestación superiores en su territorio.

Hay fuerzas políticas que reclaman una refundación del modelo de financiación, eliminando los privilegios que ciertamente tienen vascos y navarros, con un saldo financiero per cápita que cuasi duplica a la media del resto de los españoles, y que en cualquier modelo político federal puro desaparecerían. Pero no es menos cierto que si la financiación está llamada a suavizar la tempestad del soberanismo catalán, no debería construirse sobre una decisión que atizase al vasco o el navarro, que nunca tuvo cimientos económicos y financieros. Pero una revisión de las cuantías compensatorias que los territorios forales aportan al resto del Estado debe afrontarse con el mismo realismo en los números que el resto de la financiación para que la brecha del privilegio quede cerrada.

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