Editorial

Otra vuelta al sudoku de la financiación

Todo el conflicto entre Cataluña y el Estado empezó con las cuentas. Y tras varios años de forcejeo y episodios electorales variopintos, vuelve a surgir el debate de la financiación autonómica, cuando la primera petición que planteó Artur Mas al presidente del Gobierno en Moncloa, ya en esta legislatura, fue un concierto económico financiero diferenciado para Cataluña, de similares características a las que contiene el régimen fiscal vasco y navarro. Lógicamente la petición catalana venía precedida de una reforma estatutaria y financiera fallida por la negativa del Tribunal Constitucional a avalar un texto aprobado en el Parlamento catalán y votado, aunque por una parte limitada del censo, en un referéndum en Cataluña. Todo el mundo da por hecho que la cuestión catalana debe resolverse en una intensa negociación política tras las elecciones generales, sea cual sea el Gobierno que de ellas salga. Y todo el mundo da por hecho que el nudo gordiano de tal acuerdo será, otra vez, la financiación aplicable a Cataluña.

El debate se ha agitado en las últimas fechas, en las que han aflorado las más diversas opiniones sobre el asunto, y en las que se ha puesto en cuestión incluso la continuidad del modelo vasco y navarro, un esquema que muchos expertos consideran de difícil encaje en un estado solidario, puesto que proporcionan un plus de suficiencia inequívoco si quien lo tiene y lo administra dispone, como es el caso, de elevadas bases imponibles. Más allá de los niveles de presión fiscal soportados por los contribuyentes de los territorios forales, y de la facilidad de la labor recaudatoria e inspectora, es una evidencia explícita que sus niveles de gasto per cápita de los servicios públicos es mucho más elevada que los territorios del régimen común.

Ampliar a otras regiones ricas (Cataluña, Baleares o Madrid) un régimen similar, dificultaría la financiación de las regiones con menores niveles de renta en un país cuyas leyes consagran la solidaridad interterritorial como uno de sus fundamentos jurídicos y políticos. Pero rescatar a vascos y navarros para el régimen común supondría la generación de un problema político de una magnitud aún superior a la que se pretende corregir para atender la demanda catalana. Los políticos están para solventar problemas, y no para crearlos, y tanto Gobierno como PSOE se han apresurado a aclarar en la génesis del debate que respetarán el modelo vasco y navarro, aunque puedan corregir las cantidades que las dos regiones aportan como cupo a la financiación de servicios comunes residuales.

Pero tal declaración de intenciones debe ser compatible con un nuevo modelo de financiación que alivie los agravios a las regiones hoy perjudicadas, y que el presidente Rajoy asegura que estará listo en la primera mitad de 2016, si los comicios de diciembre confirmasen su estatus.

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