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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Una Europa sin barreras comerciales

La larga y dura crisis económica que ha vivido España en los últimos años ha impulsado a muchas empresas a asomar la cabeza al exterior. El desplome de la demanda interna en nuestro país, una caída brusca, vertiginosa y, sobre todo, prolongada, obligó durante esos años a muchas compañías a buscar por primera vez nuevos mercados en los que colocar sus productos y servicios. La progresiva mejora de la situación económica se ha reflejado de nuevo en el sector exterior –la base exportadora, que alcanzó su máximo histórico en 2013, ha vuelto a descender– pero ha dejado una cifra sólida de empresas exportadoras regulares, es decir, de compañías que llevan más de cuatro años consecutivos vendiendo fuera de nuestras fronteras. El número de esas empresas profesionales de la exportación suma ya 45.482 y supone el 40% del total de las que operan en alguna u otra ocasión fuera de España.

Aunque el principal destino de las ventas españolas es el mercado europeo –que concentra dos de cada tres euros– y Europa cuenta con un mercado libre de barreras, una de cada ocho compañías españolas asegura tener problemas en las relaciones con sus socios europeos mientras que una de cada once reconoce haber encontrado obstáculos técnicos y regulatorios en su actividad exterior.

Los datos, que provienen de un informe elaborado por CEOE y la Secretaría de Estado de Comercio, dibujan una imagen preocupante de lo que debería ser –y lo es sobre el papel– un gran mercado único en el que las compañías europeas puedan operar sin cortapisas regionales. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, recordaba ayer que si se eliminasen todos los obstáculos que persisten sobre el terreno –arancelarios y no arancelarios– el PIB de la Unión Europea podría aumentar en torno a 2,6 puntos. Dado que el PIB de los 28 países de la UE cerró 2014 en 14 billones de euros, ese porcentaje equivale a 364.000 millones de euros, una tercera parte del PIB de España.

La cifra de esta factura es lo suficientemente abultada como para que urja resolver el problema. Los datos de que dispone el Gobierno identifican dos tipos de obstáculos en el mercado europeo: problemas de armonización de normas técnicas y retrasos en los pagos. Ambos constituyen dos barreras importantes, pero una de ellas es fundamentalmente regulatoria y debería, por tanto, ser más fácilmente eliminada. A día de hoy no resulta fácil de entender que los países europeos no cuenten con normas técnicas armonizadas ni una política que aborde con contundencia el lastre de la morosidad en los pagos. Más aún tratándose de una Europa que ha dejado atrás una larga crisis y que tiene por delante el reto de consolidar la recuperación.

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