¿Qué harán el Estado y la UE si hay independencia?

La probable salida de la UE en caso de secesión acerca a indecisos a los partidos unionistas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (izquierda), junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker; el presidente francés, François Hollande, y el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho (derecha), en Bruselas.EFE

Así reaccionaría el Estado....

El Gobierno impulsa un cambio legislativo para inhabilitar Mas

Es difícil imaginar que exista un día en España un presidente de Gobierno que acepte pasar a la historia como el mandatario que facilitó la separación de una parte del territorio. No parece probable que un Ejecutivo permita sin más perder la comunidad que más aporta al PIB nacional. Así, el escenario de una separación amistosa resulta cuando menos improbable. Y es en este contexto cuando entra en juego la declaración unilateral de independencia que defiende Junts pel Sí ante la previsible ausencia de un acuerdo con el Gobierno de Mariano Rajoy o con el que salga de las urnas en las elecciones generales previstas para diciembre.

Los costes económicos de una ruptura a las bravas serían muy elevados: incapacidad para financiar el gasto público de la Generalitat, cierre de los mercados de crédito o riesgo de corralito son algunas de los escenarios probables. En términos políticos, el Gobierno de Mariano Rajoy debería mover ficha. De momento, ya ha ordenado la tramitación por la vía urgente de una reforma del Tribunal Constitucional para permitir que esta institución pueda suspender a los cargos públicos que no cumplan sus resoluciones. Se trata de una medida que ha llevado el PP al Congreso de los Diputados y que Moncloa está dispuesta a sacar adelante con su mayoría absoluta y con la oposición del resto de partidos.

“Solo deben sentirse amenazados los que pretenden atentar contra los derechos constitucionales y contra la unidad de España”, defendió esta semana el portavoz del PP, Rafael Hernando. Para los socialistas, resulta un atropello que un tribunal pueda suspender a un presidente sin que intervenga el Parlamento. La estrategia del PP permitiría que el Constitucional suspendiera al Ejecutivo catalán si declara la independencia resultante de las próximas elecciones en Cataluña.

El Gobierno de Rajoy entiende que ello permitiría encauzar la situación antes de adoptar medidas más drásticas como la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que contempla la posibilidad de suspender la autonomía si una comunidad no cumple la Carta Magna o “atenta gravemente contra el interés general de España”. Ningún Gobierno, hasta la fecha, ha recurrido a este artículo. Como argumenta el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, hay certeza de cómo se entra en el artículo 155, pero en ningún lugar se explica cómo se sale de él. Desde Moncloa confían en que no se producirá el choque de trenes y que la Generalitat no proclamará la independencia.

La UE es una unión de Estados y parece improbable que apoyarán la secesión en uno de ellos

....y así, la Unión Europea

El pasado jueves, Margaritis Schinas, portavoz del presidente de la Comisión Europea, respondió a la pregunta del millón: “Si una parte de un Estado miembro deja de ser parte de ese Estado porque el territorio se convierte en un Estado independiente los tratados ya no se le aplicarían”. Así, Cataluña quedaría fuera de la UE en caso de secesión.

Con todas sus contradicciones y debilidades –reflejadas en una alambrada de espinas en Hungría–, la Unión Europea todavía es vista por los ciudadanos como una garantía de derechos. Precisamente por ello, los candidatos independentistas abusan de los circunloquios cuando se les pregunta por la pertenencia a la UE el día después de la ruptura. Los soberanistas defienden que los tratados europeos detallan cómo se accede a la Unión Europea, pero no como se abandona el club. Entienden que existe margen a la interpretación. En última instancia, Junts pel Sí insiste en que las autoridades europeas, ante este escenario, tirarían de pragmatismo y no dejarían que 7,5 millones de catalanes pierdan su condición de europeos. El argumento es que a Bruselas no le interesaría que Cataluña se quedara fuera. “La UE tradicionalmente ha adoptado una actitud flexible y pragmática frente a los problemas complejos que no tiene una respuesta expresada en los tratados, buscando en cada caso la solución ad hoc que mejor le ha ido”, defendió en un informe el Consejo Asesor para la Transición Nacional, el órgano de expertos elegidos por Artur Mas para evaluar la viabilidad de la independencia de Cataluña.

Sin embargo, la tesis contraria recuerda que la UE es precisamente una unión de Estados que difícilmente reconocerá como a un igual a Cataluña. Con toda seguridad, España no lo haría y resulta difícil imaginar que países que también cuentan con movimientos secesionistas internos se posicionen al lado de un territorio que ha declarado unilateralmente la independencia.

Así, un hipotético Estado catalán debería solicitar su ingreso a los Estados miembros y su adhesión dependería de la unanimidad de los socios. La incertidumbre que genera la continuidad en la UE ante una declaración unilateral de independencia es uno de los flancos más débiles de Junts pel Sí, que intenta atraer a los votantes minimizando los costes del proceso. Es probable que un catalán favorable a la secesión modifique su opinión si tiene la certeza de que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea.