La reivindicación de una hucha propia
El trabajador por cuenta propia se forma con una partida pública escasa y un esfuerzo económico personal. La Ley de Formación Profesional para el Empleo abre puertas pero no concreta.
Explicaba el científico y político estadounidense Benjamin Franklin: “Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”. Pues bien, de cumplirse las expectativas que la Ley de Formación Profesional para el Empleo ha generado en el colectivo de autónomos serán entre 60.000 y 80.000 los trabajadores que tengan la oportunidad de involucrarse y aprender, frente a los 6.400 que lo hacen ahora.
A finales del pasado julio, la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados daba, tras cuatro meses de espera, vía libre a la tramitación del texto que reconoce de forma expresa el derecho individual a la formación de los autónomos y “los convierte en protagonistas del diseño de una formación ajustada a sus demandas”, explica Beatriz Zafra, directora de Formación de la Cámara de España.
Con ello se da entrada en el sistema público a los casi 3,2 millones de trabajadores por cuenta propia que en palabras de José Luis Perea, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Ata (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) vivían “de la caridad del Gobierno”. Y es que, hasta ahora, la formación profesional a la que tenía acceso el colectivo se financiaba con la solidaridad de las aportaciones de las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta ajena. Esto se tradujo en la última convocatoria en un 2,3% de los presupuestos estatales (3.200.000 euros), frente al 97% (140.000.000 euros) que se destinó a los empleados del régimen general.
Contenidos muy claros, muy prácticos y de aplicación inmediata son características necesarias en estos programas
Esta distribución, totalmente desproporcionada, podría quedar solventada una vez que se desarrolle el reglamento de la ley, ya que el texto abre la puerta a que el trabajador por cuenta propia pueda cotizar por este concepto y disponer de su propia hucha para formarse. Desde Ata y UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores de Autónomos) –asociaciones que representan casi al 65% de los autónomos– llevan defendiendo desde hace un quinquenio que parte de la cotización de estos trabajadores se destine a financiar acciones formativas específicas para el colectivo, tal y como se hace con los autónomos del mar. Ata fija el porcentaje en el 0,7% (67 euros al año). Upta, por su parte, es más conservadora y lo limita al 0,1% o 0,2%. Esta propuesta es apoyada incluso por el sector privado. Gloria Montilla, directora de Formación para el Empleo en Adams Formación, se muestra “de acuerdo porque se trata de una medida que contribuiría a un mejor sostenimiento del sistema”.
Sea cual sea el porcentaje final, todo queda pendiente de la aprobación definitiva de esta partida en los Presupuestos Generales del Estado 2016, el próximo octubre. “Además, debería incorporar un crédito complementario de, al menos, hasta 420 euros mínimo por trabajador, al igual que ocurre en el régimen general”, explica Sebastián Reyna, secretario general de Upta.
Continuidad
Sin embargo, y tras la lectura del libro amarillo, las expectativas del colectivo sobre este crédito se desvanecen. Los presupuestos desoyen esta petición, que, cabe destacar, es respaldada por siete de cada diez autónomos, dando continuidad a lo que ya existe. Y es que el 1% de las cotizaciones por cese de actividad se destinan a financiar acciones para “favorecer su recualificación profesional y vuelta a la actividad laboral”. Así, y de no incorporarse al texto definitivo de los PGE 2016, la preceptiva enmienda será la única “ayuda” con la que contarán los trabajadores por cuenta propia que quieran formarse. Según han confirmado desde la Secretaría de Estado de Presupuestos, “está dotada con 1,75 millones de euros, que gestiona el Servicio Público de Empleo competente”.
En otro orden de cosas, la ley colocará a los autónomos “al mismo nivel que los interlocutores sociales”, detalla Perea, ya que establece que estos trabajadores podrán participar en la detección de las necesidades, el diseño y la programación y difusión de las acciones formativas. Asimismo, se abre la puerta a la formación bonificada y a la participación en el desarrollo de las políticas de autoempleo, ya que amplía el criterio de representatividad de las organizaciones de autónomos y las otorga capacidad jurídica singular para ello.
El “logro” que, para Beatriz Zafra, supone la nueva normativa tiene como razón de ser las particularidades de un colectivo que se ha visto condenado a formarse en cursos pensados por y para asalariados. “Muchos autónomos abandonan antes de finalizar algunos cursos porque se ven obligados a elegir entre su negocio y la formación”, se lamenta Perea. Y eso a pesar de que “al asumir el impacto económico, su nivel de entrega es absoluto, mucho mayor que el de los asalariados”, puntualiza Sergio Reyes, director de Programas a Medida del IEB (Instituto de Estudios Bursátiles).
Tanto los representantes de los autónomos como los de organismos y escuelas de formación coinciden en la necesidad de desarrollar programas adaptados “con contenidos que deben ser muy claros, muy prácticos y de aplicación inmediata”, detalla Zafra.
David Méndez Riego, socio fundador de Grupo Dalyma Formación, una pyme leonesa que en poco más de año y medio ha formado a medio centenar de autónomos (20% del total de los 300 alumnos que han pasado por la escuela), explica que los organismos autonómicos que se encargan de diseñar las convocatorias de formación deben “poner los pies en la tierra y que sean las academias y centros de formación los focos de las encuestas sobre las necesidades específicas de los autónomos que no se están cubriendo”.
Nueva hoja de ruta
Ata propone modelos de especialización, territorialidad, flexibilidad y correlación entre formación y productividad-competitividad. Y pone el acento en la necesidad de distinguir entre competencias transversales “para adaptarse al nuevo contexto laboral organizativo”, útiles para cualquier oficio, y competencias específicas “vinculadas al oficio mismo”.
El boom del emprendimiento y el autoempleo ha obligado a agentes y empresas de formación a adaptar su hoja de ruta. Es el caso del IEB, desde donde constatan la mayor demanda de autónomos, auspiciada por una crisis que “ha puesto en evidencia la necesidad de reinventarse y aportar valor añadido”. “Desde las escuelas de formación, nuestra obligación es desarrollar programas que den respuesta a esas nuevas inquietudes”, afirma Reyes. Junto a los idiomas y la formación en internacionalización, el directivo del IEB destaca el mayor interés por el asesoramiento financiero, finanzas corporativas y tecnologías de la información.
Materias más especializadas que requieren de cualificación a través de las certificaciones. En este sentido, Gloria Montilla, de Adams, subraya la “gran utilidad” de certificados como el de Profesionalidad de Creación y Gestión de Microempresas, “sin olvidar otras materias transversales destinadas a la gestión económico-financiera, marketing y comunicación, idiomas, informática, recursos humanos, etcétera”.
Temor al monopolio
Con la intención de evitar fraudes como los de Madrid o Andalucía, la norma ha expulsado a asociaciones, patronal y sindicatos de la lista de agentes autorizados para impartir formación. Esto ha despertado cierto recelo ya que se teme que la concurrencia competitiva acabe en manos de unos pocos. Sebastián Reyna apunta que la ley “privatiza la formación y puede dar lugar a que se convierta en un monopolio de las grandes empresas”.
El secretario general de UPTA desconfía, además, de la calidad que se pueda dar en un futuro, ya que “la formación de autónomos es más compleja y entre un 15% y un 20% más cara que la de empleados”, lo que teme derivará en “la precarización de las condiciones, especialmente en las zonas rurales”.