Sin ayuda al alquiler en Madrid pese a cumplir con los requisitos
El Gobierno regional ha recibido más de 46.000 solicitudes frente a las 20.000 previstas En octubre los beneficiarios definitivos cobrarán en un solo pago 2.000 euros de 10 meses
La ayuda al alquiler que anunció la Comunidad de Madrid para las familias con menos ingresos comenzará a ser una realidad en octubre. Después de siete meses desde que se cerrara por primera vez el plazo para solicitar esta subvención de 200 euros mensuales (2.400 euros al año), fuentes del Ejecutivo que dirige Cristina Cifuentes confirmaron ayer que una vez concluido el plazo de alegaciones (el pasado 31 de agosto), ya solo resta verificar quiénes serán los beneficiarios definitivos de esta ayuda entre las 46.076 solicitudes recibidas.
Para poder tener acceso al cobro de esos 200 euros mensuales, los solicitantes deben tener en vigor un contrato sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), no residir en una vivienda de titularidad de las Administraciones Públicas (o entidades dependientes), contar con residencia legal en España y carecer de cualquier otro inmueble en propiedad.
En cuanto a la renta, la unidad familiar o de convivencia, o lo que es lo mismo, todas las personas que residan en el inmueble alquilado, deberán contar con unos ingresos inferiores a 3,5 veces el IPREM ponderado. Esto quiere decir que no podrán sumar rentas de más de 26.092 euros anuales y que esta cifra variará ligeramente en función del número de personas que componga el hogar.
Pese a lo estricto de los requisitos, fuentes oficiales reconocen que se trata de una auténtica avalancha con la que no contaban, ya que las previsiones iniciales estimaban recibir unas 20.000 peticiones. Además, el anterior equipo de Gobierno regional, que fue quien anunció la puesta en marcha de la iniciativa, presupuestó para ella 10 millones de euros este año, cifra que dividida entre los 2.400 euros anuales que supone la ayuda para cada hogar da como resultado que solo se podrá subvencionar a 4.166 familias que residan en alquiler.
Esta cantidad supone menos del 10% del total de solicitudes presentadas, lo que a priori supone un gravísimo problema para los responsables de Vivienda en la región. No obstante, una de las sorpresas que ha deparado el análisis de esas más de 46.000 peticiones tramitadas es que solo aproximadamente el 15% de las mismas, unas 6.900, cumplen con los requisitos de ingresos exigidos. “El resto es gente que sobrepasa esos umbrales de renta”, aclaran las mismas fuentes.
Más de 2.700 hogares sin subvención
No obstante, de esos 6.900 potenciales beneficiarios de la ayuda por cumplir todos los requisitos, el Gobierno regional confirmó ayer que este año solo cobrarán los 200 euros mensuales 4.166 familias, lo que dejará fuera a más de 2.700 hogares, casi un 40% del total que supuestamente más lo necesita.
Además, la norma por la que se rige este nuevo plan de ayudas establece que éstas serán incompatibles con cualquier otra subvención al alquiler o reducciones de renta (salvo complemento para el pago del alquiler para los beneficiarios de una pensión no contributiva por invalidez o jubilación). Conviene recordar que el Ministerio de Fomento ha puesto en marcha también sus propias ayudas al alquiler que en Madrid no podrán cobrarse por ahora, ya que se da la circunstancia de que es la única región que todavía no ha suscrito el convenio de colaboración con Fomento para poder desarrollar plenamente el plan cuatrienal de vivienda. Todo un fiasco teniendo en cuenta que Madrid concentra buena parte de la demanda de alquiler de todo el país.
Para este año el equipo de Cifuentes ya ha decidido que no existen más opciones que dejar fuera a esas familias y conceder solo 4.166 ayudas siguiendo el criterio de renta (dentro de la horquilla marcada, cuantos menos ingresos, más posibilidades de recibir la subvención). Por ello, en octubre los beneficiarios definitivos recibirán un pago único de 2.000 euros de la subvención correspondiente a los 10 meses de este año y en noviembre y diciembre percibirán los 400 euros restantes.
Para el próximo año, fuentes de la Consejería de Vivienda admiten que están estudiando rebajar la cuantía de la ayuda hasta 150 euros para tratar de llegar a todas las familias con menores ingresos. Además, quienes consigan cobrar la subvención este ejercicio, deberán renovar su derecho en 2016, por si hubiesen cambiado sus condiciones económicas.
El eterno problema del arrendamiento
España es uno de los países del mundo con mayor brecha entre los hogares que residen en régimen de alquiler y aquellos que son propietarios de su casa. Las últimas cifras del Banco de España constatan que el 78% de las viviendas principales son propiedad de sus moradores, mientras solo el 14,9% de los hogares opta por residir en régimen de arrendamiento.
Dentro de Europa, el marco con el que debe compararse España, se trata de una situación bastante anómala. En Alemania, por ejemplo, hay mayor porcentaje de inquilinos, casi un 60%, que de propietarios. No en vano, la media del alquiler en el Viejo Continente supera el 30%, el doble que en el caso español.
Pero lo cierto es que no siempre fue así. Hasta mediados del siglo pasado, en España también existía una larga tradición por vivir de alquiler, sobre todo en las zonas urbanas y por parte de los jóvenes cuando comenzaban su andadura en el mercado laboral, lo que propició una temprana edad de emancipación. Sin embargo, las políticas puestas en marcha por el franquismo primero y los gobiernos democráticos después, basadas en numerosos incentivos fiscales a la compra, y espoleadas por la entrada de España en el euro desincentivaron el arrendamiento y dieron paso a la situación actual. Además, ni siquiera se fomentó el arrendamiento como herramienta dinamizadora del mercado laboral. Así, mientras en los países nórdicos existen amplios parques de vivienda social con alquileres baratos de titularidad pública, de los que suelen beneficiarse los jóvenes y las familias con menos recursos; en España no existe nada que siquiera pueda parecerse. Tanto el PSOE como el PP apostaron por incentivar al promotor y al comprador de las llamadas viviendas de protección oficial (VPO) y se olvidaron del arrendamiento.
Ahora, el equipo de Ana Pastor ha decidido poner fin a esas actuaciones y ya solo se podrán destinar fondos del presupuesto estatal a impulsar la rehabilitación de viviendas y el alquiler, pero aún restan muchos años para poder ver los resultados de estas nuevas políticas.
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