Uno de cada cuatro autónomos cierra por problemas de morosidad
El 55% de los autónomos reconoce que en el último año ha sufrido algún problema derivado de morosidad
El 25% de los autónomos abandona su actividad empresarial como consecuencia de los impagos y problemas de morosidad acumulados. Son cifras de la organización ATA explicadas por el presidente de esta organización en la Comunidad Valenciana, Rafael Pardo, quien subraya que “el problema de la morosidad es una gran lacra que está sufriendo el trabajador autónomo en los últimos años”.
En este sentido, Pardo destaca que esta problemática es está muy relacionada “con la situación de crisis económica que está viviendo el país en los últimos años”. Así, sostiene que tanto empresas como negocios viables, a cargo de profesionales con una capacitación aceptable e ingresos netos positivos “se han visto obligados a cerrar por problemas de tesorería derivados de los impagos”, tanto de las empresas privadas como de la administración pública.
Del mismo modo, esta organización denuncia que según su último barómetro, el 55% de los autónomos reconoce que en el último año ha sufrido algún problema derivado de morosidad en el pago de sus facturas.
De igual modo, según Intrum Justicia, más de siete de cada diez empresas de nuestro país sostiene que no existe ninguna mejora con respecto a la Ley de Morosidad. Asimismo, el 85% de las empresas dice no conocer la nueva normativa y, aquellas que sí son conscientes de las transformaciones experimentadas, muestran en un 90% su disconformidad con los cambios.
Soluciones en el horizonte
No obstante, para el responsable de ATA no está todo perdido y desde su organización enumeran una serie de medidas a través de las cuales se puede mejorar la situación de la morosidad y de los impagos en nuestro país. Es el caso, en primer lugar, de la actuación de la Administración Pública.
En esta línea, desde ATA sostienen que se ha de establecer un reglamento que desarrolle un procedimiento sancionador en la normativa, tanto a las administraciones públicas como a las empresas privadas que incumplan sus periodos de pago máximo.
De igual modo, sostienen que se ha de poner en marcha un buzón anónimo para denunciar situaciones de morosidad. En paralelo, demandan que la Comisión Nacional de la Competencia debe actuar en esta problemática, pues se pueden dar casos de competencia desleal entre organizaciones.
