Editorial

Grecia encaja ahora para exigir después

El Gobierno griego no ha querido dilatar más la negociación de los términos de su tercer rescate con sus acreedores para evitar así un crédito puente que podría endurecer la posición de los grandes países europeos, especialmente Alemania. En la madrugada de ayer cerró la negociación, a falta de flecos de detalle, para disponer de una línea de liquidez de 86.000 millones de euros, que serán de disposición dosificada a medida de las necesidades financieras y del cumplimiento de lo pactado. Ahora solo resta la aprobación política tanto por parte de Grecia, en su Parlamento, como la de los socios, en algunos de los cuales también debe mediar respaldo parlamentario, para dar por cerrado este capítulo financiero que ha tenido a toda Europa pendiente desde enero y a los mercados financieros en vilo.

El gabinete de Tsipras ha transigido tras la presión a la que fue sometido por sus socios después del referéndum de primeros de julio en una fase de pragmatismo que ha evaporado los temores tanto en los socios como en los acreedores, que en este caso casi son la misma cosa. Ha aceptado todas las reformas reclamadas, desde las subidas de impuestos hasta la creación de un fondo para depositar los activos públicos como aval del rescate, pasando por cambios en la ley de enjuiciamiento, el recorte de los privilegios fiscales para las islas o el fin de las jubilaciones anticipadas para la inmensa mayoría de los griegos. Las medidas encajadas son muy duras, pero son imprescindibles para dos cuestiones que tiene que resolver Grecia: recuperar el favor de la inversión internacional y retornar al crecimiento de su economía, únicas condiciones inexcusables para reflotar el nivel de vida de la ciudadanía, amén de que pueda colocar a Atenas en disposición de devolver una parte, por pequeña que sea, de su deuda. Podrá, además, volver a emitir en los mercados en plazos cortos y atender necesidades financieras más allá del programa de ayuda.

Además, el acuerdo de ahora y la recomposición de la normalidad en su economía, que ya había atisbado a finales de 2014 con un ligero crecimiento, rearmarán el argumentario del Ejecutivo heleno para llegar a la renegociación de su pesadísimo pasivo. Una deuda del 180% del PIB es impagable; ni siquiera parece pagable con las condiciones blandas que ha aceptado Europa ya en el segundo rescate, incluida una quita a acreedores privados. Una renegociación que incluya una quita parece inevitable, pero siempre que los compromisos adquiridos por Grecia en materia normativa y reformadora se cumplan y den réditos.

La Unión Europea debe ser exigente, pero no puede permitir que se enquiste en su territorio y en su historial una economía de beneficencia, con ineficiencia enquistada y con una tendencia al empobrecimiento de la sociedad y al más que justificable espíritu de rechazo al proyecto europeo.

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