Tribuna

Un nuevo retroceso para la inversión pública

Comentábamos el año pasado que los Presupuestos Generales del Estado para 2015 abrían una puerta a la esperanza en lo que se refiere a estímulos al crecimiento y por tanto con efectos reconocibles sobre el empleo, aunque todavía contenían políticas de ajuste, que no permitían un despegue significativo y recuperador de la inversión pública, tan sacrificada desde el año 2010, y en consecuencia con efectos limitados sobre la actividad económica de la industria de la construcción.

Hoy nos encontramos frente a los Presupuestos Generales del Estado para 2016, y lo que el año pasado parecía el inicio de un nuevo horizonte para la inversión pública, se ha convertido en desesperanza y nuevo retroceso en esta asignatura en la que el gobierno persevera en suspender.

Las inversiones totales en infraestructuras, incluidas las que realiza el sector público empresarial, alcanzan los 9.493 millones de euros, diez millones más de euros que en 2015, y todo ello en un escenario de aumentos relevantes de los ingresos por IRPF, IVA, impuesto de sociedades y ahorros procedentes de menores intereses de la deuda y menores ayudas al desempleo. Si el crecimiento económico alcanzado por las reformas estructurales y el sacrificio de empresas y ciudadanos no alcanza a las políticas incentivadoras de la industria de la construcción, el empleo, que comienza a crecer, no será sostenible.

A estos efectos, y centrándonos en las principales inversiones del Ministerio de Fomento (carreteras y ferrocarriles), la perseverancia en pasar nuevamente de incrementar la inversión pública es palpable, aunque en términos cualitativos pero no suficientes cuantitativamente. El Presupuesto destinado a la red de carreteras del Estado se incrementa respecto a 2015 en tan solo 189 millones de euros pasando de 2.194 a 2.383 millones de euros, diferencia que, como acabamos de señalar, se destina acertadamente a incrementar los capítulos de conservación integral y de rehabilitación de firmes.

En lo que se refiere al ámbito del ferrocarril, el presupuesto se incrementa respecto al de 2015 en tan solo 261 millones de euros, pasando de 5.199 a 5.460 millones de euros, de los cuales la alta velocidad se lleva más del 65%. Como en el caso de las carreteras, el incremento presupuestado implica una cierta sensibilidad hacia la mejora de las cercanías. A día de hoy el incremento de la inversión pública generadora de actividad económica y empleo no está en el ADN del Gobierno.

La industria de la construcción y toda la industria concernida por ella (vidrio, cerámica, madera, electrodomésticos, ascensores, productos sanitarios, maquinaria y herramientas, electricidad y telecomunicaciones, etc.), que por cierto solo en materiales de construcción exporta más de 20.000 millones de euros al año, esperaba unos presupuestos incentivadores de la obra pública, dirigida a la mejora de los accesos a los puertos y centros logísticos, a la conservación de las infraestructuras y en especial de las carreteras, que presentan evidentes carencias, y al cumplimiento de cuanto nos exige la Unión Europea en materia de calidad del agua. La referencia en los presupuestos al impulso del Plan CRECE, para aprovechar los fondos europeos destinados a saneamiento y depuración debía de ser más precisa, en el sentido de no continuar desaprovechando esos fondos tal y como ha venido ocurriendo. En el ámbito de la edificación, estos presupuestos desaprovechan la oportunidad de hacer una apuesta por la rehabilitación de nuestro parque edificatorio, con pobreza energética, problemas de accesibilidad y estado deficiente. Venimos solicitando medidas legislativas para que las entidades financieras apuesten por la rehabilitación, financiando a las Comunidades de vecinos y a las empresas concernidas. La apuesta por la rehabilitación edificatoria, de la que tanto se habla, necesita señales reales y para ello hubiera sido deseable haber presupuestado alguna partida para la rehabilitación de edificios públicos, como inicio de un plan de rehabilitación a tal fin, como ha hecho Francia, con el objetivo de obtener financiación del Plan Juncker.

La rehabilitación edificatoria es intensiva en empleo, y su efecto arrastre sobre otras industrias, es indiscutible.

Creo honestamente, que con estos presupuestos, se pierde una oportunidad de hacer justicia a la industria de la construcción y de poner los mimbres necesarios para hacer sostenible el empleo que se empieza a crear. Valgan estas reflexiones y propuestas para el futuro debate parlamentario.

Juan Lazcano es Presidente de la Confederación Nacional de la Construcción.

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