Leve aroma socialdemócrata
La mejora de la situación económica, con crecimientos ya significativos del PIB y con una consistente creación de empleo, permite, por el repunte de la recaudación y la reducción de ciertos gastos asociados a aquella mejora (protección por desempleo, intereses de la deuda), introducir guiños sociales en los presupuestos generales del Estado para 2016.
Es cierto que los guiños se producen en un contexto de cierta prudencia, sin olvidar lo apremiante de la consolidación fiscal y las bases, relativamente débiles, de algunos de los aspectos que fundamentan el optimismo: la creación de empleo es aún insuficiente, manteniéndose una elevadísima tasa de desempleo y, lo que es más preocupante, una muy baja tasa de ocupación; dicha creación no alivia la situación financiera de la Seguridad Social, cuya recaudación se resiente tanto por la devaluación salarial como por las características del empleo creado y por los incentivos otorgados al mismo en el ámbito de las contribuciones sociales; y el crecimiento económico, a pesar de las mejoras en el sector industrial, pivota en medida importante sobre factores estacionales.
En esas condiciones, en mi opinión, y con independencia de premuras electorales, lo ortodoxo hubiese sido insistir en embridar el gasto, (teniendo en cuenta no solo los incumplimientos, particularmente autonómicos, de los límites establecidos, sino la irrupción, tras las últimas elecciones, de nuevos comandos del gasto), utilizando para ello, si preciso, la flamante Ley de Estabilidad Presupuestaria, prácticamente inédita; reducir al máximo posible la deuda y, sobre todo, aliviar el esfuerzo fiscal de los ciudadanos. La reciente rebaja de la fiscalidad es todavía insuficiente y la medida más eficaz para consolidar el crecimiento económico y también la de alcance más social, sería la de reducción de los niveles impositivos. Sorprende que a estas alturas haya organizaciones que sigan reclamando el incremento de la presión fiscal y el aumento de las cotizaciones sociales, obviando las enseñanzas derivadas de la crisis económica y de su gestión. Los ingresos tributarios, de todas formas, crecerán un 4% (3,4% IRPF, 5,5% Sociedades y 4% IVA).
Pero la tentación socialdemócrata ha sido al parecer demasiado fuerte. Y se ha querido dar una impronta social a los Presupuestos por la vía del gasto, de la atención a los funcionarios y de las prestaciones sociales. El gasto de personal crece un 4,9% y el gasto social (sin desempleo) un 3,8%. Las pensiones vuelven a revalorizarse, si bien en un modesto 0,25%, a lo que hay que añadir las mejoras, asociadas a la maternidad, en los supuestos de pensiones reconocidas a mujeres. Bien están los esfuerzos desplegados en estos terrenos, pero la situación financiera de la Seguridad Social es la que es.
Y pretender aliviarla mediante la subida de las cotizaciones sociales (cuyas bases se incrementarán en un 1%) no parece lo más adecuado desde el punto de vista de la protección del empleo. La financiación de la Seguridad Social habrá de abordarse más pronto que tarde, tendiendo, entre otras cosas, a sustituir fuentes de financiación contributivas, que penalizan el empleo, por otras de naturaleza fiscal, pero incrementar la presión recaudatoria actual puede tener efectos indeseados en relación con el empleo.
Cuando el guiño se convierte ya en mueca es en relación con los funcionarios. Es cierto que ha habido años de congelación salarial e incluso de reducciones retributivas y supresión de pagas extraordinarias, pero las retribuciones de la función pública siguen estando (salvo para los puestos más cualificados) sustancialmente por encima de las del sector privado. Aun así, la subida del 1% puede considerarse razonable y supone un mensaje de moderación salarial dirigido al sector privado. Lo que puede no ser ya tan razonable es el acompañamiento de la subida: recuperación del sexto día de asuntos propios (uno de los más grandes inventos de la humanidad, como explicaba con fino humor, en un reciente programa televisivo, mi paisano Yuyu) más hasta tres días adicionales por la antigüedad, devolución del 50% de la paga extra no cobrada en 2012 (de la que ya se había devuelto un 25%) y elevación de la tasa de reposición desde el 10% hasta el 100% en sectores prioritarios y hasta el 50% en el resto.
Solo quedaría devolver la jornada semanal a las 35 horas, como reclaman los sindicatos, para retornar al punto de partida, con gran irritación, supongo, de tantas víctimas de la devaluación salarial y del endurecimiento de condiciones laborales en el sector privado.
Si a todo ello se une la mejora en materia de becas y de protección a la dependencia, no cabe duda de que el “destacado carácter social” que el propio Gobierno atribuye a los Presupuestos es innegable. Solo hay que esperar que la evolución económica no nos agüe la fiesta.
Federico Durán López es Catedrático de Derecho del Trabajo. Consejero de Garrigues.