Pagar pensiones con el IVA para bajar las cotizaciones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avanzó en su última intervención pública la pasada semana que el gran reto de la sociedad española es mantener la viabilidad financiera de la Seguridad Social. Y con este reto en el horizonte parece que los responsables del Ministerio de Hacienda han elaborado los presupuestos públicos para el próximo año.

La Seguridad Social ya ha experimentado en 2015 una importante recuperación, de la mano de la creación de empleo, ya que se financia con las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores. Y el Gobierno prevé que esta recuperación mantenga su vigor en 2016. Así los responsables de diseñar las cuentas públicas para el próximo ejercicio prevén recaudar 117.241 millones por el pago de cotizaciones sociales, lo que supondrá un 6,7% más que en 2015, cuando ya está previsto que crezcan un 6,8%.

Es más, se estima que la mejora del empleo impulsará la recaudación por cuotas de los asalariados un 8,3%, mientras que se recortarán los ingresos que aporta el Estado por las cotizaciones de los desempleados un 13,3%. Este importante incremento de los ingresos por cotizaciones de los asalariados se debe a que el Ejecutivo prevé que el empleo crezca un 3% (600.0000 nuevos empleos), las bases máximas y mínimas de cotización un 1% y las bases medias (que pueden equiparse a la evolución de los salarios) se incrementarán un 1,4%.

La totalidad de estos ingresos se destinarán a pagar las pensiones contributivas de la Seguridad Social que requerirán un desembolso de 118.941 millones de euros el próximo año, un 2,8% más que en 2015.

Este incremento del gasto en pensiones obedece a tres factores: el aumento del número de pensionistas;la tasa de sustitución (las nuevas pensiones son alrededor de un 37% más altas que las de los pensionistas que fallecen) y la ya anunciada subida del 0,25% de las cuantías de las pensiones que impone la ley como mínimo. De esta forma, la pensión máxima de jubilación para 2016 queda fijada en 2.567,28 euros (35.941,92 euros anuales);mientras que la pensión mínima de mayores de 65 años con cónyuge a cargo será de 784,9 euros mensuales (10.988,60 euros anuales).

Además de los ingresos por cuotas, el Estado transferirá a la Seguridad Social 13.199 millones de euros para el pago de otros conceptos no contributivos de las pensiones. Fundamentalmente se trata del pago de complementos a mínimos de las pensiones –que son las ayudas que se dan a los pensionistas que no han cotizado lo suficiente para llegar a la pensión mínima legal de jubilación de cada año–, a los que destinará 7.409 millones y para abonar las pensiones no contributivas y de protección familiar, que supondrán un coste de 2.454 y 1.532 millones respectivamente.

Así, y por segundo año consecutivo, se cumple el proceso denominado de separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social y que establece que las cotizaciones que pagan empresarios y trabajadores se destinen exclusivamente a pagar prestaciones contributivas y no otras ayudas asistenciales que se pagan con los ingresos de impuestos que transfiere el Estado a la Seguridad Social.

Sin embargo, esta separación de fuentes de financiación no parece estar completa si lo que se quiere es hacer más viable financieramente el sistema de protección social. De hecho, desde hace tres años, el Gobierno tiene que recurrir al Fondo de Reserva de las pensiones para abonar las extras y, generalmente, porque no es suficiente con lo que ingresa por cotizaciones.

De ahí, que el propio Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer durante la presentación de las cuentas públicas para el próximo año en el Congreso de los Diputados, que el Gobierno “es consciente de la tensión financiera que atraviesa la Seguridad Social”. Por ello recordó las últimas reformas llevadas a cabo que implicaron la creación del factor de revalorización y el des sostenibilidad –que empezará a aplicarse en 2019 y que vinculará la cuantía de las nuevas pensiones a la esperanza de vida, recortándolas si esta crece y viceversa–. Pero fue más allá y anunció que el Gobierno quiere que el Pacto de Toledo estudie vías de financiación de la Seguridad Social alternativas a las cotizaciones sociales. En concreto, Montoro se refería a que “el Estado financie con impuestos la parte menos contributiva de la Seguridad Social”.

Disposición adicional 65

De hecho, el Ejecutivo ha querido plasmar por escrito esta propuesta en el articulado de los presupuestos del año que viene. La disposición adicional número 65 indica que una vez finalizada la separación de fuentes que ha llevado a financiar con impuestos los complementos a mínimos, el Gobierno avanzará en la “plena financiación de prestaciones no contributivas y universales a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas”. Esto es, con impuestos. Para ello, “valorará las condiciones de las prestaciones incluidas en el sistema que puedan tener esta consideración”.

En este punto, Montoro eludió citar qué tipo de prestaciones de la Seguridad Social podrían sacarse de la financiación con cotizaciones, pero hasta la fecha, un buen número de expertos, coincide en el carácter menos contributivo de, por ejemplo, las pensiones de viudedad u orfandad.

Dicho esto, el titular de Hacienda tampoco aclaró si esa financiación vía impuestos sería a través de algún tributo en concreto, otorgándole carácter finalista, pero puso como ejemplo que en la actualidad “el IVA ya financia los complementos a mínimos, por lo que quien defrauda con este impuesto también perjudica a las pensiones más bajas”, dijo Montoro. Aunque, acto seguido, insistió en que no planean subir el IVA.

Con esta propuesta de buscar vías de fiananciación de la Seguridad Social alternativas a las cotizaciones, el Gobierno pretende también una segunda derivada: poder reducir dichas cuotas sociales, porque en opinión de Montoro son un impuesto que grava el empleo. Así, pese a que los sindicatos consideraron recientemente que había llegado el momento de incrementar las cotizaciones empresariales para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, el ministro de Hacienda descartó rotundamente ayer esta posibilidad. “No estamos de acuerdo en subir las cotizaciones sino muy al contrario, intentaremos bajarlas y sustituirlas con otras vías de financiación”.

Según lo establecido en los presupuestos conocidos ayer, la base máxima de cotización para el próximo año queda fijada en 3.642 euros mensuales, tras incrementarse un 1%. Lo mismo crecerán las bases mínimas de asalariados del Régimen General y autónomos que quedarán fijadas en 764,1 euros mensuales y 893,2 euros, respectivamente.

Menos gasto en desempleo

Junto a las pensiones, la otra gran partida de gasto social corresponde a las prestaciones por desempleo. En los peores años de la crisis, estas ayudas llegaron a requerir el desembolso de más de 31.000 millones de euros. Si bien para 2016 el Ejecutivo prevé destinar al pago de prestaciones y subsidios por desempleo un total de 19.820,94 millones de euros, un 21,7% menos.

Esto supondrá un ahorro de 5.480, 74 millones de euros respecto a lo presupuestado inicialmente para 2015. No obstante, fuentes de la Administración precisaron que el ahorro real a final de este año, en función de la ejecución del presupuesto, podría quedar en el entorno de los 3.000 millones de euros.

En cualquier caso, el descenso del gasto en desempleo se atribuye no tanto a la disminución del número de beneficiarios como al trasvase de perceptores de prestaciones contributivas hacia otros subsidios como la Renta Activa de Inserción o el nuevo Programa de Activación para el Empleo para parados de larga duración con cargas familiares y que hayan agotado todas las ayudas. De hecho, cuya cuantía es inferior. Así, el Gobierno espera una reducción del 22% de los beneficiarios de prestaciones contributivas respecto al colectivo que los cobraba en enero pasado, mientras que la reducción de los beneficiarios de ayudas asistenciales solo se recortará un 12%.

El crédito para formación para el empleo crecerá un 5,9% hasta los 2.087 millones de euros; mientras que las bonificaciones empresariales a la contratación se llevarán 1.635 millones, un 9% más que en 2015.