Una confianza que debe ser consolidada
Los españoles comienzan a percibir cada vez en mayor medida la mejora de la economía en sus bolsillos y en su vida diaria. Así lo refleja el índice de confianza de los consumidores que elabora el CIS, que en julio marcó un nuevo récord histórico. Por quinto mes consecutivo, los consumidores españoles siguen aumentando su optimismo –4,2 puntos respecto a junio y unos contundentes 23 en relación a julio del año pasado– y no solo lo hacen respecto a la situación económica actual, sino también sobre las expectativas de su evolución. En materia de empleo, la encuesta refleja que la valoración sobre las oportunidades que ofrece el mercado laboral está hoy casi 21 puntos por encima de lo que lo estaba en julio de 2014, mientras que la situación de los hogares arroja un optimismo 14 puntos mayor que el año pasado.
Los resultados del indicador de confianza del CIS no constituyen una evidencia aislada, sino que coinciden con los que muestra la encuesta que elabora sobre esta misma cuestión la Comisión Europea en los países de la zona euro. Los españoles son más optimistas frente a la situación económica de su país que la media de los habitantes de la región, con una puntuación todavía mayor que la que mostraban en el año 2007, es decir, antes del inicio de la crisis.
Las razones que explican el aumento de la confianza en España no son ningún secreto. La buena evolución del empleo, el incremento de la renta disponible en los hogares, impulsada por dos reformas fiscales, la progresiva reapertura de los canales del crédito y la recuperación del consumo dibujan hoy un panorama muy distinto al de hace apenas dos años. El motor de la economía española tira a una velocidad de crucero que supera la media europea, una potencia que se ha trasladado al empleo y, por tanto, a los hogares y las familias. La Agencia Tributaria publicaba ayer los datos de creación de puestos de trabajo de las grandes empresas, que incrementaron sus plantillas en junio por encima del 3%, al tiempo que moderaron el crecimiento de los salarios, con un repunte medio de solo el 0,3%.
España se halla en este momento en una situación óptima para consolidar e incluso incrementar ese ritmo de crecimiento. Buena parte de los mimbres necesarios para sentar las bases de la recuperación son el fruto de las reformas estructurales que el Gobierno ha realizado en la economía. A ello hay que sumar una política de contención del gasto público y de control del déficit que no ha constituido precisamente un ejercicio de popularidad política, pero que ha sido fundamental para reducir los inmanejables costes de financiación que España llegó a soportar en los peores momentos de la crisis de deuda soberana. Esa labor de transformación interna del país ha contado con el complemento de unas condiciones externas favorables, entre ellas, la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE), la depreciación del euro y la caída del precio del petróleo, que ha beneficiado tanto a las empresas como a los consumidores.
Todo ello ha creado un marco de condiciones que España ha sabido aprovechar para transformar en un tiempo récord una economía rígida y anquilosada, que ha ganado en flexibilidad y competitividad, pero a la que aún restan grandes asignaturas por aprobar. La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) apunta a que un 30% de los españoles entiende que la situación actual es peor que la de hace seis meses, un resultado acorde con la radiografía de un país que cuenta con una masa ingente de desempleados que llevará mucho tiempo reabsorber y que constituyen los daños de una crisis económica larga y de una dureza extrema.
Entre los escollos al crecimiento que España tiene que eliminar si quiere apuntalar la recuperación figura poner en marcha las reformas estructurales que aún quedan pendientes, como la de la Administración pública o la de la Seguridad Social. Esta última resulta especialmente relevante para mantener la confianza de los españoles no solo en el momento actual, sino de cara al futuro. Ninguna de esas reformas constituyen tareas fáciles que traigan consigo réditos electorales, pero son ejercicios de responsabilidad política imprescindibles para el futuro de nuestra economía.