Sería de aplicación en los sectores considerados prioritarios

Hacienda, dispuesta a cubrir el 100% de las bajas de funcionarios

Centro de Control del Departamento de Informática de la Agencia Tributaria.
Centro de Control del Departamento de Informática de la Agencia Tributaria.

Como en todas las negociaciones que se precian, mientras una de las partes, en este caso el Ministerio de Hacienda, trata de guardar celosamente hasta el último momento su propuesta final, el resto de negociadores, los sindicatos de la Función Pública, reprochan la ausencia de debate real porque las cartas no terminan de mostrarse sobre la mesa.

Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que hasta el último momento hay tiempo para acercar posturas y se resisten a desvelar cifras concretas. Solo dan por hecho que habrá incremento de salarios, pero con el límite que impone el cumplimiento del déficit. Sobre la posibilidad de que la mejora salarial para el próximo ejercicio sea del 1%, tal y como publicó ayer El País después de haberse conocido que esa será la subida que se aplicará a los empleados de las Cortes; desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro se limitaron a explicar que “restan cosas por negociar”.

Otras fuentes cercanas a la negociación, sin embargo, confirmaron que todo apunta a que la oferta que finalmente planteará el Gobierno se moverá en el entorno de ese 1%, acompañada de una oferta pública de empleo más “generosa” de lo inicialmente previsto.

En este sentido, esas mismas fuentes apuntan que el Gobierno parece estar dispuesto a cubrir todas las bajas de funcionarios que se produzcan el próximo ejercicio, pero solo en los considerados “sectores prioritarios”. De ese modo, en dichas áreas, que los sindicatos quieren ampliar, la tasa de reposición subirá del 50% actual a un 100%.

Paga extra y derechos sociales

Todo apunta a que a cambio de un incremento salarial que todas las organizaciones sindicales califican de insuficiente, el Ejecutivo ceda en otras reivindicaciones con un coste presupuestario mucho menor como es la devolución de los moscosos y canosos suprimidos, la puesta en práctica de más medidas para la conciliación familiar y la devolución del 75% restante de la paga extra suprimida en 2012. Es más, las mismas fuentes ya trabajan sobre la hipótesis de que una parte de esa extra se devuelva antes de que finalice este año y el resto se pacte para ser reintegrado en 2016.

En este contexto, el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, criticó ayer la “política de anuncios” que está llevando a cabo el Gobierno con las condiciones salariales y laborales de los empleados públicos y le reclamó que siga la senda marcada en el acuerdo de negociación colectiva para 2015-2017, que para 2016 prevé subidas de salario de hasta el 1,5%.

Sin embargo, fuentes sindicales admiten que será muy complicado llegar a esa cifra cuando en el sector privado en estos momentos los incrementos medios pactados en convenio se encuentran en el entorno del 0,7% anual.

Todas las organizaciones sindicales quieren, eso sí, arrancar a Hacienda un compromiso para fijar un calendario plurianual por el que se establezca cómo irán recuperando estos trabajadores el poder adquisitivo perdido durante la crisis, que algunos estudios elevan al 30% en determinadas áreas. “Nuestra máxima es volver a la estructura salarial que teníamos antes del recorte del 5% que decretó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”, recuerdan desde los sindicatos de funcionarios.

La solución se conocerá mañana jueves, cuando Hacienda ha convocado a las organizaciones sindicales de la Función Pública a una nueva reunión de la Mesa General tras los encuentros técnicos que han mantenido en los últimos días.

 

Sin acuerdo en materia de riesgos laborales

Las reuniones técnicas continuaron ayer, en esta ocasión para tratar los asuntos relativos a la prevención de riesgos laborales y los planes contra el acoso laboral. En opinión de CC OO, el Gobierno volvió a aprovechar el encuentro para hacer propaganda. El sindicato criticó que el plan presentado por Hacienda para acabar con las agresiones contra los empleados públicos haya excluido a los trabajadores de las instituciones penitenciarias, que son quienes sufren el 65% de las agresiones en el ámbito de la Administración General del Estado.

En un comunicado, Comisiones Obreras denunció también que el Ejecutivo ha impuesto una reducción brutal del número de comités de seguridad y salud. Por ello, la organización denuncia que con esta actuación, “el Gobierno está permitiendo que se incrementen las agresiones y la siniestralidad, negándose a acordar con los sindicatos soluciones eficaces para la salud laboral de su personal”.

Por último, otro foco de descontento tras la reunión lo constituyó el hecho de que Hacienda retirara de la mesa de negociación su propuesta de protocolo contra el acoso laboral. Los sindicatos denunciaron que queda aparcada de este modo otra de las lacras que dañan la salud laboral de los empleados públicos.

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