Para cofinanciar el plan Juncker y canalizar los fondos de la UE

Bruselas pide la creación de bancos públicos especializados

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

La Comisión Europea ha dado hoy un inesperado giro a favor de la banca pública, tras años de desconfianza hacia un sector que consideraba pasto de interferencias políticas y gestión errática.

Bruselas, en cambio, hace ahora un llamamiento a la creación de lo que denomina Bancos Nacionales de Promoción, llamados a cubrir la falta de financiación en áreas como I+D (investigación y desarrollo), ciertas infraestructuras o proyectos medioambientales.

Estos bancos públicos especializados, según la CE, resultarán esenciales para el desarrollo del llamado plan Juncker o plan europeo de inversión para 2015-2018 (que aspira a movilizar 315.000 millones de euros de capital público y privado). "Los bancos públicos de promoción juegan un papel muy importante en el éxito del plan de inversión", ha señalado el vicepresidente de la Comisión, Jirky Katainen, que ha recordado que nueve países ya han anunciado que utilizarán esa vía para colaborar en el plan Juncker (España, entre ellos).

Pero Bruselas quiere, además, que esas entidades públicas se conviertan en un canal privilegiado para los fondos estructurales de la UE, que de manera creciente se alejan de los subsidios tradicionales y se transforman en instrumentos financieros más sofisticados, con capacidad de apalancamiento. El documento aprobado hoy por la CE señala que para asumir ese papel en la gestión de los fondos estructurales los bancos públicos de inversión deberán dotarse de un marco legal que permita su internacionalización y las operaciones transfronterizas.

Directrices

Para facilitar la creación de las nuevas entidades, la Comisión ha publicado hoy las directrices sobre los principios que deberían respetar y sobre su tratamiento a efectos de las normas sobre ayudas de Estado.

Bruselas pide, en primer lugar, que una gestión prudente de la entidad para no exponer al Estado a pérdidas innecesarias; que se evite la interferencia política en las decisiones sobre inversión; y que no se destine el capital a mantener en pie sectores o empresas fallidas.

Los estatutos del banco público, además, deben estipular con claridad que su actividad se centrará en áreas o sectores a los que no llega la financiación de la banca comercial o de otros inversores privados.

Bruselas prefiere que, a ser posible, los bancos públicos se especialicen, como los recién creados en el Reino Unido (Green Investment Bank y British Business Bank), destinados a financiar proyectos de innovación y medio ambiente, sobre todo. Portugal, Letonia, Grecia e Irlanda también han creado recientemente bancos públicos de inversión.

Antes de autorizar la creación de un banco público,la Comisión Europearevisará su ámbito de actuación y capitalización para verificar que no infringe las normas sobre ayudas de estado. En los últimos meses, Bruselas ha dado ya luz verde a los dos bancos británicos y a los creados por Portugal y Letonia. Pero Bruselas se ha reservado el derecho de revisar la decisión entre cuatro y siete años después de la creación de la entidad, para comprobar que su actividad sigue siendo necesaria.

Déficit y deuda

La actividad de los bancos públicos que cumplan los principios fijados porla Comisión Europease considerará al margen de las finanzas públicas y, por tanto, no tendrán impacto en el déficit público ni la deuda a efectos del Pacto de Estabilidad. Pero si las decisiones de la entidad están sujetas a control directo de la administración, sus operaciones deberán aparecer en la contabilidad nacional.

Dudas sobre el ICO

 España es uno de los ocho países que ha anunciado su intención de participar en el plan Juncker a través de su entidad pública, el ICO (Instituto de Crédito Oficial), con una aportación de 1.500 millones de euros. Bruselas, de momento, no tiene claro si esa participación puede atribuirse al Estado. En todo caso, la Comisión se ha comprometido a considerarla como un gasto excepcional, que tendría impacto en las cuentas públicas pero que no se computaría a efectos de la aplicación de los límites sobre déficit (3%) y deuda (60%) del Pacto de Estabilidad.

 

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