Salvador Victoria, imputado por cuatro delitos en la ‘Púnica’

La Audiencia le vincula con tres supuestos pagos en negro por valor de 120.00 euros El juez Eloy Velasco ha ordenado la retirada de su pasaporte

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha prohibido al exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria salir del territorio nacional y ha ordenado la retirada de su pasaporte tras imputarle cuatro delitos por el "trato de favor" que habría dispensado al presunto conseguidor de la red Púnica Alejandro de Pedro, informaron fuentes jurídicas.

El magistrado señala en un auto dictado este lunes que Victoria está relacionado con pagos en efectivo supuestamente ilícitos que habrían hecho varios empresarios y sociedades como Indra a los que habría procurado contratación en la Administración regional a cambio de la realización de encuestas y otros trabajos de interés político.

Las diligencias judiciales, que permanecen secretas, vinculan a Victoria con tres supuestos pagos en negro por valor de 120.00 euros que desde la Administración regional se habrían reclamado a la empresa Indra. La petición habría partido del exconsejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, dependiente del departamento que dirigía Victoria, y tendría a De Pedro como destinatario.

En su declaración como testigo, las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez preguntaron al expresidente de Indra Francisco Javier Monzón si ICM solicitó a la compañía tres pagos en B por valor de 90.000, 20.000 y 10.000 euros, respectivamente.

Velasco también señala que el ex número dos del Gobierno de Madrid adjudicó a las empresas de De Pedro contratos de reputación online e influencia en redes sociales con el fin de favorecer la imagen de varios políticos así como contratos de publicidad otorgados de forma amañada. Todos ellos fueron sufragados con fondos públicos.

El instructor, que también ha impuesto al exconsejero la obligación de comparecer todos los meses en el juzgado más próximo a su domicilio, le imputa indiciariamente los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos.

Victoria, que estaba citado este lunes por segunda vez en la Audiencia Nacional, se ha negado a declarar como imputado en la causa en la que se investigan las actividades de la red de corrupción Púnica, a la que se le vincula por sus relaciones con uno de los presuntos 'conseguidores' de la trama, el informático valenciano Alejandro de Pedro.

Victoria fue llamado a declarar el pasado 26 de junio junto a la exconsejera de Educación Lucía Figar aunque el juez pospuso su declaración tras admitir que le había citado cuando todavía era miembro del Ejecutivo y diputado autonómico y, por tanto, aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En el caso Púnica se investigan las "redes clientelares de tráfico de influencias" constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. El juez les envió el pasado 30 de octubre a prisión por formar parte de una "organización criminal".