Los riesgos de olvidarse del déficit
Las elecciones locales y autonómicas celebradas el pasado 24 de mayo parecen haber marcado un antes y un después en muchas cosas. La eclosión definitiva de determinadas formaciones políticas y de sus líderes, la crisis y el subsiguiente intento de reordenación de otros y, en general, la aparición de un inusitado interés por el debate, el control y la transparencia en la vida pública. No obstante, algo permanece inamovible: cómo abordar la gestión del día después, cómo se consigue lo que se ha prometido en las siempre dadivosas y cuasi milagrosas campañas electorales. Cómo se transita de las musas al teatro. De momento, el atisbo inicial de cómo tienen previsto recorrer ese camino, por ejemplo, los nuevos Ejecutivos autonómicos lo destilan los discursos de investidura ofrecidos por los respectivos primeros espadas regionales. Y esa primera lectura ofrece un par de conclusiones bastante claras y coincidentes, independientemente del color del partido político que las formule:todos se decantan por bajar los impuestos y por incrementar los gastos. Además, en ninguno de esos discursos se encuentra referencia alguna al control o a la vigilancia del déficit.
Por lo que respecta a la partida de los gastos, la totalidad de las propuestas defienden una mejora de los denominados pilares del Estado del bienestar, es decir, los servicios sociales, la sanidad y la educación. En un segundo escalón, también aparecen medidas destinadas a frenar los desahucios, la pobreza energética y a asegurar el acceso a los comedores y al material educativo para los menores en situación próxima a la exclusión social. El respaldo a políticas activas de creación de puestos de trabajo y de apoyo al emprendimiento ocupan lugar prioritario en el listado de buenos deseos de los Gobiernos que acaban de tomar posesión y que se completan con medidas destinadas a mejorar la atención a los dependientes o, en el caso de Valencia, de reabrir el canal de televisión autonómico.
En cuanto a la partida de los ingresos, el mantra es la rebaja de impuestos, singularmente en el tramo del IRPF que está en manos de los responsables autonómicos. El gravamen que se aplica de la vivienda usada, o el que lo hace a sucesiones y donaciones también están llamados a descender. El caso del impuesto sobre el patrimonio es distinto. Aquí sí influye el color político. Mientras las comunidades regidas por el PP defienden la idoneidad de eliminarlo o reducirlo al máximo, como Murcia; en otros territorios, como en la Comunidad Valenciana, se apuesta por subir este tributo, alegando que grava a las clases más adineradas.
El escenario es claro: más gasto y, al menos sobre el papel, menores ingresos por las rebajas fiscales. Una combinación que parece estar claramente en contra de las exigencias del Ministerio de Hacienda, que ha hecho del control del déficit la piedra angular de su política para salir de la crisis.