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Imprudencia judicial en EE UU

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dejado la puerta entreabierta a los préstamos hipotecarios de riesgo. Los jueces confirmaron la semana pasada que las políticas de vivienda, incluso neutrales, pueden ser ilegales si tienen un efecto perjudicial. Eso mantiene a los bancos y a otros proveedores de hipotecas vulnerables a las reclamaciones por prejuicios no intencionados. Más malas prácticas, no menos discriminación, podrían ser el resultado.

El caso se refiere a la Ley de Vivienda Justa, pieza central de la histórica Ley 1968 de los derechos civiles. Prohibe, en parte, la discriminación contra los titulares de hipotecas por raza, sexo o discapacidad.

Los tribunales menores han dicho que la ley es lo bastante amplia como para permitir pleitos que muestren que las prácticas de financiación tienen un efecto discriminatorio, incluso si no es intencionado. Las pruebas son a menudo las estadísticas. Los prestamistas deben demostrar que hay una razón comercial legítima para sus políticas y que los prestatarios potenciales en la misma situación son tratados por igual.

Eso hace que sea más fácil para las partes agraviadas ganar, y podría empujar a los bancos a evitar entrar en conflicto con la ley, por ejemplo, concediendo más hipotecas sobre la base de cuotas, en lugar de sobre criterios financieros. El resultado serían préstamos de mayor riesgo.

La situación evoca a la burbuja inmobiliaria de la última década. El Estado dio un empujón a los prestamistas hipotecarios para relajar las normas y aprobar a los solicitantes que hubieran sido rechazados de otra forma. Esos prestatarios fueron los más afectados por el derrumbe del mercado de la vivienda en 2008.

En cierto sentido, la discriminación financiera forma parte de la suscripción de préstamos. Los prestatarios son juzgados, según si una institución se beneficiará o perderá dinero.

Las decisiones de préstamos basadas puramente en consideraciones financieras deberían alentarse. Facilitar las acusaciones de discriminación tiene el efecto contrario. Hay mejores formas de crear oportunidades para la propiedad de la vivienda que obligar a los prestamistas a hacer préstamos arriesgados.

 

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