Editorial

Contener el gasto público pese a las urnas

El último Boletín Económico del Banco de España, correspondiente al mes de junio, reclama al Gobierno que recorte más el gasto público para poder cumplir con los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas. El organismo que dirige Luis María Linde advierte de que en los tres primeros meses del año el gasto de la Administración (con excepción de los ayuntamientos) aumentó en tasa interanual un 2,6%. Ello constituye un avance preocupante si se tiene en cuenta que la cifra exigida por la Comisión Europea contempla una mínima variación al alza del 0,1%.

La explicación de ese incremento del gasto durante el primer trimestre está en la devolución del 25% de la paga extra suprimida a los funcionarios en 2012. Una medida que el Gobierno aprobó para la Administración estatal, pero que también ha sido seguida por algunas comunidades autónomas. El informe del Banco de España advierte del lastre que supondría para las arcas públicas devolver de forma íntegra y de golpe el total de la paga, una posibilidad que resulta prácticamente inviable en el caso de las Administraciones regionales, cuyas cifras de déficit están en algunos casos lejos de los objetivos marcados y que cuentan con más empleados en nómina.

Pese al panorama del que advierte el informe, el Ejecutivo está elaborando unos Presupuestos Generales para 2016 que incluirán incrementos en diferentes partidas, así como gestos favorables hacia los funcionarios, tras los cinco años de congelación salarial que ha sufrido el cuerpo. Además de un aumento del gasto, el Gobierno ha anunciado su intención de acometer rebajas fiscales adicionales. Ello incluye aplicar la segunda fase de la reforma tributaria, que hará disminuir los tipos de IRPF y de sociedades a parir de 2016, así como el rechazo por parte de Hacienda –pese a la insistencia de Bruselas, el FMI y el propio Banco de España– de elevar los impuestos especiales y reducir la lista de bienes y servicios que tributan a tipos reducidos en el IVA. Todo ello dibuja un panorama presupuestario que podría vulnerar la disciplina aplicada hasta ahora por el Ejecutivo y que ha supuesto el eje rector de la política económica que ha sacado a España de la crisis.

Todo apunta a que los Presupuestos para 2016 incorporarán un mayor contenido social, así como incentivos a las rentas bajas. Aunque el Gobierno ha anunciado una nueva revisión al alza de las previsiones de crecimiento del PIB, lo que justificaría reabrir algo el grifo del gasto, las cuentas públicas parecen inevitablemente teñidas por el horizonte electoral. La aspiración –legítima– al respaldo en las urnas no justifica que España corra el riesgo de incumplir con sus compromisos presupuestarios. Una regla de austeridad que ha permitido al país reducir sus costes de financiación, volver a crecer y crear empleo.

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