¿Dónde están los 14 planes de ajuste autonómicos?
Salvo tres comuninades, el resto debería haber presentado planes económico-financieros La posibilidad de que las autonomías cumplan el objetivo de déficit es prácticamente nulo
La Ley de Estabilidad Presupuestaria exige que las comunidades que incumplan el objetivo de déficit, deuda o la regla de gasto presenten un plan económico-financiero en el plazo de un mes desde que se notifica oficialmente la infracción. El pasado 24 de abril, Hacienda publicó que todas las comunidades autónomas –con la salvedad de Canarias, Navarra y Galicia– habían incumplido al menos uno de estos requisitos. Así, 14 comunidades deberían haber entregado el 24 de mayo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y al Ministerio de Hacienda un plan económico-financiero con medidas para corregir los desvíos registrados el año anterior.
Ninguna de ellas lo hizo antes de esa fecha que coincidió con las elecciones autonómicas. Además, la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla que el plan de ajuste debe aprobarse en el plazo de dos meses en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una exigencia que tampoco se cumplirá, ya que el órgano que reúne a los representantes de Hacienda del Gobierno central y de las comunidades está previsto que se convoque a finales de julio. También, parece improbable que, como obliga la norma, las medidas del plan de ajuste que deben presentar las comunidades infractoras se pongan en marcha, como muy tarde, tres meses después de notificarse el incumplimiento.
Fuentes autonómicas argumentan que las elecciones del 24 de mayo han trastocado el calendario y los plazos, sin embargo, la fecha de los comicios se sabía con antelación y era factible remitir el plan de ajuste antes de la cita electoral. Además, las comunidades incumplidoras conocían su situación con anterioridad a la notificación oficial de Hacienda.
A día de hoy, solo Cataluña ha enviado un plan económico-financiero a la Autoridad Fiscal; Madrid ha entregado también algunos documentos y el resto de autonomías no ha presentado absolutamente nada. Y no lo hará hasta que se formen los nuevos Ejecutivos. Fuentes del Gobierno indican que se han fijado prórrogas, sin embargo, esa posibilidad no se contempla en la normativa.
Todo ello eleva las dudas acerca de la posibilidad de que las comunidades corrijan los incumplimientos registrados el año anterior. Las autonomías cerraron 2014 con un déficit del 1,7%, porcentaje que debe reducirse al 0,7%. Implica un ajuste de unos 10.000 millones de euros que, pese a la mejora económica y los menores intereses, resulta de improbable cumplimiento.
Solo Galicia, Canarias, País Vasco y Navarra lograron que su déficit público no superara el 1% exigido por Hacienda en 2014. En cuanto a la deuda pública, el cumplimiento fue generalizado, aunque Aragón, Castilla y León, Cataluña y La Rioja superaron su límite (ver gráfico). La regla de gasto, que fija límites a la evolución presupuestaria, se estableció en el 1,5% en 2014, un límite que sobrepasaron País Vasco, Cataluña, Extremadura y Baleares.
La Autoridad Fiscal ya ha denunciado en diversos informes que no se está cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, el pasado mes de diciembre, reclamó que el Gobierno adoptara medidas preventivas contra Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Extremadura, Cataluña, Valencia y Murcia que presentaban un elevado riesgo de incumplimiento del déficit público. La idea era que el Gobierno lanzara una advertencia a estas autonomías e iniciará un proceso que desembocara en la elaboración de un plan económico-financiero que incluyera medidas de ajuste. La Autoridad Fiscal defendió que ello era recomendable porque “podría producirse un retraso adicional por ser un año de elecciones” y existía el riesgo de que los cambios de Gobierno demoraran la toma de decisiones. Precisamente es lo que ha sucedido. La posibilidad de que las autonomías cumplan el objetivo de déficit de 2015 es prácticamente inexistente.
Medidas coercitivas, un as en la manga
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y también el Banco de España han reclamado una mayor diligencia por parte del Gobierno en la aplicación de las medidas disciplinarias que incluye la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La norma contempla acciones preventivas, correctivas y coercitivas contra las comunidades o ayuntamientos que incumplan los objetivos de estabilidad.
Hasta la fecha, el Gobierno de Mariano Rajoy se ha negado a recurrir a resoluciones más expeditivas. La ley contempla sanciones contra las comunidades infractoras que pueden alcanzar hasta el equivalente al 0,2% de su PIB y también prevé, al estilo de los hombres de negro de la Troika, el desembarco de representantes del Ministerio de Hacienda en las administraciones territoriales incumplidoras. En último término, la Ley de Estabilidad habilita al Gobierno para imponer medidas de ajuste en una comunidad o, incluso, disolver un ayuntamiento.
Estas medidas no se han contemplado hasta ahora en un mapa político dominado por el PP, que gobernaba en 11 de las 17 comunidades. De hecho, Galicia fue la única autonomía con un presidente popular que cumplió el objetivo de déficit público en 2014. Tras los resultados electorales del 24 de mayo, la correlación de fuerzas en las autonomías ha variado notablemente y está por ver qué efecto tiene ello sobre el Ministerio de Hacienda.