El Gobierno desbloquea el diálogo con los empleados públicos

El presidente de CSI-F, Miguel Borra. Pablo Monge

Durante esta legislatura, a la que quedan pocos meses, la negociación colectiva entre el Gobierno y los trabajadores del sector público ha sido prácticamente inexistente. Así lo indican fuentes del sindicato CSI-F, mayoritario entre el funcionariado, que precisan que en los últimos cuatro años “pese a la constante demanda sindical de convocar la Mesa General de la Función Pública, el Ejecutivo solo ha reunido a los representantes de los empleados públicos los meses de septiembre para cumplir la formalidad de informar sobre los Presupuestos Generales del Estado”.

Sin embargo, tras el tsunami electoral del 24 de mayo, esto también ha cambiado. El Gobierno ha decidido ahora desbloquear la negociación colectiva en el sector público. Para ello, la directora general de la Función Pública, Elena Collado, ya mantuvo a mediados de la pasada semana un primer contacto con representantes de los principales sindicatos que representan a los empleados públicos, CSI-F, CCOOy UGT.

En esta reunión, los responsables gubernamentales plantearon la posibilidad de hacer algún tipo de concesión a las demandas de estos sindicatos, incluso antes del verano.

De hecho, según informó ayer el sindicato CCOO, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha convocado ya para el próximo 16 de julio una reunión oficial de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE).

Las principales demandas sindicales que se abordarán en este próximo encuentro y los siguientes tendrán que ver fundamentalmente con la ampliación de la oferta de empleo público y la recuperación del poder adquisitivo perdido durante la crisis.

Recuperar poder adquisitivo

Según ha calculado el sindicato CSI-F el conjunto de los 2,5 millones de empleados públicos arrastra un recorte medio de su poder adquisitivo del 30%, que se concentra desde los recortes salariales y de empleo producidos en los últimos cuatro años. En concreto, en este sindicato explican esta pérdida de poder de compra “por la bajada de sueldo decretada en 2010, la retirada en 2012 de la paga extra de Navidad, seis años consecutivos de congelación salarial y las rebajas retributivas adicionales aplicadas por las diferentes administraciones”.

Así, según cálculos de la Federación de Servicios Públicos de UGT, los salarios en las Administraciones Públicas –salario base y trienios– han retrocedido a niveles de 2007.

En cuanto al empleo público, fuentes de CSI-F aseguraron que los funcionarios y el resto de empleados del sector público no se conformarán con una nueva ampliación de la tasa de reposición, que ya se amplió del 10% al 30% para algunos colectivos de los servicios públicos. “Aspiramos a que se elimine totalmente esta tasa y que el Gobierno analice en profundidad la plantilla de trabajadores públicos y que haga un plan de recursos humanos y contrate en todos los sitios donde haga falta”, precisaron estas fuentes.