La banca cree que el BCE pedirá más capital por los créditos fiscales
La banca española ha abierto varios canales de interlocución en Europa para que dé carpetazo al análisis que se está realizando para demostrar que sus créditos fiscales no son un rescate encubierto. La Comisión Europea como el BCE están pidiendo información al sector sobre sus cuentas de resultados y composición de su capital desde el año 2004. Tras los contactos mantenidos, los bancos descartan la apertura de un expediente, pero aseguran el BCE pedirá más capital a algunos bancos.
Durante las últimas semanas los principales bancos españoles, la AEB y otros interlocutores nacionales han mantenido contactos con diferentes autoridades y comisarios europeos para intentar zanjar de una vez por todas la polémica iniciada el pasado mes de abril, cuando la Comisión Europea anunció el comienzo de una investigación preliminar en Italia, España, Grecia y Portugal por un posible incumplimiento de la normativa de ayudas de Estado. Europa investiga si los activos fiscales diferidos (DTA en sus siglas en inglés) de la banca les ha beneficiado frente a otros sectores.
La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, ya se entrevistó a finales de mayor con el presidente de la AEB, José María Roldán, además de con distintos ministros, incluido el de Economía, Luis de Guindos. Uno de los temas de estos encuentros fue la investigación europea sobre los DTA. A estas reuniones le han seguido otras tanto con Vestager, como con otros comisarios con el objetivo de conocer los resultados de estas investigaciones preliminares. El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, se entrevistó el pasado 5 de junio con el comisario español, Miguel Arias Cañete, para abordar varios temas y entre ellos estaba el de los DTA. Sabadell también tuvo la oportunidad en las últimas semanas de hablar con Vestager ante la petición y posterior aprobación de la compra del británico TSB, del futuro de la investigación de estos activos fiscales diferidos.
Varias fuentes financieras tanto españolas como europeas aseguran que el mensaje de la CE es que no se abrirá expediente a España sobre este asunto, al descartar, según toda la información recabada por Bruselas, que estos DTA fueran ayudas públicas encubiertas. Pese a ello, la banca española está convencida de que esta investigación preliminar tendrá consecuencias. Coinciden en que el Banco Central Europeo (BCE) utilizará la normativa conocida como el pilar II de Basilea, que es discrecional, para pedir más capital a las entidades que tengan una mayor dependencia de los DTA en el cálculo de sus ratios de solvencia.
De momento, tanto Bruselas como el BCE están pidiendo a la banca datos de sus cuentas de resultados y composición de su capital desde 2004, aunque es el Banco de España el que está facilitando esta información. La discusión de los DTA en el BCE se han reavivado también con la puesta en marcha la normativa sobre los procesos de reestructuración y resolución de entidades de crédito. El Mecanismo Único de Resolución (MUR) también está analizando con lupa estos créditos fiscales ya que considera que serán decisivos en la liquidación o venta de un banco con problemas. La incógnita de este debate es que la CE no tiene la obligación de facilitar información de sus investigaciones sobre los DTA porque “no se ha abierto un expediente, y si no hay expediente no hay que facilitar ni dar carpetazo a la investigación”, recuerdan fuentes financieras españolas.
El sector sí está muy preocupado por Grecia
El sector financiero español ha trasladado también a Europa su inquietud por la cada vez más insostenible situación de Grecia y su efecto contagio. Aunque consideran que no sería hasta medio plazo cuando aflorarían las verdaderas consecuencias negativas de una salida de Grecia del euro. Fuentes españolas de la banca consideran que, con el fondo de rescate y los programas de compra del BCE “en la zona euro tenemos ahora todas las armas necesarias para resistir si se repiten los ataques especulativos [de 2010 y 2012]”.
Pero las mismas fuentes advierten que “si sale Grecia, el inversor internacional se preguntará de inmediato qué país será el siguiente y apostará por su salida”. A diferencia de hace cuatro años, cuando la crisis griega arrastró a los países más vulnerables financieramente (Irlanda, Portugal y España), ahora el efecto dominó podría desencadenarse por causas políticas. Y con esa variable, el impacto podría afectar a España (crisis del bipartidismo) pero también a Francia (el eurófobo Frente Nacional aspira a ganar las elecciones en 2017) o, incluso, a Alemania, donde el euroescepticismo aumenta y la gran coalición de Merkel podría resquebrajarse. En ese caso, las sacudidas obligarían a la zona euro a dar un salto en su integración para llegar a una integración fiscal plena (con garantía común de depósitos, Tesoro, eurobonos, etc.). Pero no está claro que los socios cuenten con el respaldo político necesario para dar un salto que podría acabar en tremenda costalada. En el sector financiero se subraya, sin embargo, que la principal víctima en caso de catástrofe sería Grecia, sin ninguna duda.
Santander lidera la defensa
Banco de Santander, principal entidad financiera de España, ha asumido un gran protagonismo en la interlocución con Bruselas, no sólo en temas de Competencia sino también en la agenda de crecimiento e inversión de la nueva Comisión Europea. El pasado 5 de junio, el consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, y el vicepresidente ejecutivo de Comunicación, José Manuel Cendoya, celebraron en Madrid un almuerzo de trabajo con el comisario europeo de Energía Miguel Arias Cañete. La cita, según fuentes de ambos lados, giró sobre el llamado plan Juncker, que pretende movilizar 315.000 millones de euros de inversión privada entre 2015 y 2017. “En España”, según fuentes de la CE, “como en el resto de países, se constituirán plataformas de financiación para canalizar los proyectos y gran parte del encuentro con Santander giró sobre esa oportunidad”. Fuentes conocedoras de la reunión reconocen, sin embargo, que en el encuentro también se abordó el estado de las pesquisas de Bruselas para comprar si el aval público a los DTA o activos fiscales diferidos supone una ayuda de Estado ilegal. Representantes del Santander también se reunieron en marzo con el gabinete de Margrethe Vestager, Comisaria europea de Competencia, en concreto, con Astrid Cousin, la responsable de ayudas de Estado.
El aval aprobado por el Gobierno en 2013 permitió a la banca española seguir computando como capital de máxima calidad casi 40.000 millones de euros derivados de los DTA. En ese momento, casi un tercio eran atribuibles al banco Santander.
La reunión de Santander con el comisario europeo Miguel Arias Cañete permitió a la entidad reivindicar en nombre de la industria española una legislación comunitaria favorable al crecimiento y la inversion, sin trabas innecesarias