Cada día se produce una agresión a un funcionario
Las oficinas de la Administración General del Estado de atención presencial al público, fundamentalmente las oficinas de empleo, las dependencias de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, registran al menos un caso diario de amenazas y agresiones físicas sobre los empleados públicos, según los datos presentados esta mañana por el sindicato CSI-F, recabados de la Función Pública y el Ministerio de Empleo.
Las cifras, correspondientes a 2014, recogen casos de violencia física y verbal, así como insultos, descalificaciones, amenazas y daños contra el mobiliario de las dependencias públicas. En total, el año pasado se comunicaron un total de 357 casos, prácticamente una cada día, en 12 ministerios, de los cuales un 11% correspondió a violencia física.
Una tendencia que según ha explicado el presidente de CSI-F, Miguel Borra, va a más, tal y como lo constata el hecho de que en el primer trimestre de 2015 se hayan disparado estas situaciones, con un total de 121 comunicaciones de incidentes (el triple que en el mismo periodo del año anterior). Tal y como reconoce la propia Administración, uno de los motivos de este incremento es la implementación de la nueva prestación por desempleo (Programa de Activación para el Empleo PAE) y la frustración que genera en muchas personas su denegación.
Y es que la grave situación de desempleo que sufren numerosas personas hace que sean las oficinas de empleo una de las dependencias donde más se dan estas situaciones. A lo largo de 2014, el Servicio Público de Empleo Estatal registró un total de 227 comunicaciones de violencia, de las cuales un 26% fueron de carácter físico o verbal-físico (gritos, amenazas, golpes al mobiliario y en último extremo agresiones físicas).
Las principales causas de incidentes son la denegación de solicitudes de prestaciones o subsidios, desacuerdo con la información recibida por el empleado público, petición de documentación, solicitud de certificados o carecer de cita previa, así como presentarse fuera de hora.
Además, en opinión de este sindicato mayoritario en la función pública, la congelación de la oferta de empleo público y la destrucción de puestos de trabajo han mermado las plantillas, "contribuyendo a una importante sobre carga laboral, que afecta de manera negativa a los servicios que reciben los ciudadanos, que se prestan cara al público en situaciones muy adversas".
El número de comunicaciones oficiales de incidentes por violencia es reducido por la creencia de que la denuncia “no sirve para nada”, o por el miedo a las represalias de los usuarios. Por eso, Borra ha animado hoy a los trabajadores a denunciar y no tolerar estas situaciones. CSI-F entiende que las comunicaciones no reflejan la realidad completa, teniendo en cuenta en que se llevan a cabo más de 13 millones de gestiones cara al público y que en las oficinas de empleo se producen llamadas a la policía prácticamente a diario.
Las agresiones se producen más sobre mujeres (un 52% frente al 36,5% de los hombres) porque son mayoría en la plantilla y por su mayor vulnerabilidad. Además, se producen nuevas situaciones que hasta ahora no se habían dado como la grabación por móvil a los trabajadores y la amenaza de difusión en las redes sociales o la realización de amenazas por dichas redes.
Como consecuencia de todas estas situaciones, algunos empleados sufren situaciones de ansiedad, nerviosismo, angustia, tensión arterial, temor o miedo a represalias, indefensión, menosprecio por el trabajo que realizan a diario o desprotección por no existir vigilantes de seguridad en sus oficinas.
Ante toda esta problemática, el presidente del CSI-F ha demandado una serie de mejoras capaces de poner coto a estas situaciones. Entre ellas, destaca que la violencia sea contemplada como un objetivo de la acción preventiva en el marco de un protocolo para el conjunto de las administraciones públicas, incluido Instituciones Penitenciarias.
Asimismo, esta organización sindical demanda una formación adecuada para la detección de situaciones violentas, la protección y el manejo de conflictos. En paralelo, considera que sería necesario un incremento de las medidas de protección, la creación de un observatorio de agresiones a los empleados públicos y evitar que los funcionarios deban identificarse con nombre y apellidos.
Una vez que se haya producido la agresión, este sindicato exige que el trabajador agredido reciba en todo momento el respaldo completo de la organización.
Por último, reclaman promover una campaña ciudadana que defienda la dignificación del trabajo de los empleados públicos y una cultura de tolerancia cero hacia la violencia contra los funcionarios. Del mismo modo, exigen que el trabajador de las administraciones pase a ser considerado como agente de la autoridad pública, como ya ocurre con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el personal docente y sanitario, con el fin de que su testimonio sea válido como prueba ante una agresión.
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