Editorial

El ‘plan Juncker’ debe arrancar ya

Los ritmos de los procesos democráticos son tan lentos como inevitables si se quiere vivir en un Estado de Derecho. La España post-24M, que si todo va bien será la del diálogo y el pacto, se encuentra hoy, sin ir más lejos, en ese campo de juego. Pero una vez que se han establecido todas las salvaguardas jurídicas necesarias, la ejecución política debe ser expeditiva. Ese es el caso del llamado plan Juncker, con el que Bruselas pretende movilizar unos 100.000 millones de euros de inversión al año entre 2015 y 2017. Desde que se anunció, hace ya casi un año, Bruselas ha intentado imprimir un ritmo frenético a las negociaciones sobre su puesta en marcha, pero lo ha logrado solo a medias. A principios de este año, el proyecto se convirtió en rehén de las batallas de poder entre las instituciones de la UE, tan habituales en Bruselas como ininteligibles e improductivas para los ciudadanos y las empresas que les dan empleo a estos. Afortunadamente, en la mañana de ayer se pudo resolver la polémica, con ligeros retoques a la propuesta original que parecen contentar al Parlamento Europeo. El acuerdo permitirá establecer ya una garantía de 21.000 millones, con cargo al Presupuesto de la UE y del Banco Europeo de Inversiones, que Bruselas confía en que sirva para movilizar esos bienvenidos 315.000 millones en inversión privada.

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