Pactos que protejan la recuperación

Tras los primeros análisis políticos y estratégicos sobre los resultados de las elecciones del pasado domingo llegan las reacciones económicas. La Bolsa reflejó ayer con números rojos las numerosas incertidumbres e hipótesis de formación de Gobiernos que arroja el nuevo mapa municipal y autonómico español. El Ibex perdió un 2%, en lo que supone su mayor caída desde principios de mes, con dos sectores especialmente castigados: la banca y las empresas de mercados regulados. Por su parte, el bono español a diez años subió por encima del 1,8% y el riesgo país ascendió tres puntos básicos.

Pese a que en la jornada bursátil confluyeron varios factores que explican el cierre en rojo –desde la permanente inestabilidad de Grecia hasta la inactividad por festivo de los mercados en Estados Unidos, Reino Unido o Alemania–, buena parte de la caída tiene que ver con un horizonte político que está por definir y en el que los acuerdos poselectorales tienen la llave para formar Gobiernos. A lo largo de las próximas jornadas se pondrá de manifiesto si los números rojos del mercado constituyen una reacción solo inmediata y temporal a la incertidumbre de un resultado que fragmenta el escenario político o si reflejan el temor de los grandes inversores a que la irrupción de formaciones menos moderadas pueda poner en peligro las buenas perspectivas de crecimiento de la economía española.

En cualquier caso, los resultados de estos comicios han mudado por completo el mapa político regional y local de España, así como las posiciones de partida de todas las formaciones hacia las próximas elecciones generales. Más allá de una extrapolación de los resultados de las primeras a las segundas, que arrojarían un difícil escenario de pactos para que los dos grandes partidos puedan formar Gobierno con mayorías sólidas, la etapa que ahora comienza permitirá comprobar sobre el terreno cuál será la agenda económica que se aplique en los territorios en los que ha habido vuelco electoral.

Con una economía creciendo a una velocidad de crucero superior al 3% y liderando el ritmo de recuperación en la zona euro, una de las grandes incógnitas que abre el nuevo mapa político es qué criterios de gasto público se impondrán en las regiones y consistorios en los que el giro a la izquierda apunta a un cambio en este capítulo. El paquete de reformas estructurales aplicado en los últimos años y el control presupuestario ejercido para cumplir con los objetivos de consolidación fiscal son los dos grandes ejes que explican la recuperación de la economía española y su salida de la crisis. Ello no significa que no existan políticas de administración presupuestaria, gasto e inversión distintas a la actual, y perfectamente ortodoxas dentro de la coyuntura económica que vive España, pero sí que el control de los recursos públicos y el compromiso con los objetivos de déficit fiscal impuestos desde Bruselas constituyen líneas rojas que toda formación de Gobierno deberá respetar. Ello, sin embargo, parece difícil a la vista de ciertas promesas electorales, los discursos públicos y los programas de algunas de las formaciones que previsiblemente gobernarán en las ciudades y comunidades autónomas que han cambiado de signo político. A ello hay que unir la tentación que supone –con unas elecciones generales en un horizonte no lejano– abrir descontroladamente el grifo del gasto público.

La recuperación económica es, sin embargo, la gran baza que puede decidir buena parte de los resultados de unos y otros en las próximas elecciones generales. La fortaleza de ese recién arrancado motor se verá probada por las incertidumbres que pueda generar el nuevo escenario en inversores y consumidores. Un panorama en el que la política de pactos debe estar guiada no solo por intereses políticos, sino también y especialmente por criterios económicos. Mariano Rajoy marcó ayer con acierto tres grandes condiciones que su partido exigirá a la hora de cerrar alianzas de Gobierno con otras formaciones. La primera es el respeto a la lista electoral más votada; la segunda, el control de las cuentas públicas y del déficit, y la tercera, la puesta en práctica de una política cuyo objetivo sea seguir creando empleo.

España está hoy en una coyuntura histórica, con una economía que gana músculo día a día y tras haber salido de una durísima crisis que ha dejado, entre otros daños, una ingente masa de desempleados y de familias sin recursos. Para sanar esas duras heridas es imprescindible lograr dos grandes objetivos: despejar toda sombra de inestabilidad política y mantener una agenda económica capaz de crear riqueza para el conjunto de los españoles.