Tribuna

La Ley de Auditoría necesita mejoras técnicas

El Proyecto de Ley de Auditoría se encuentra en una fase muy avanzada de su tramitación y confiamos que su entrada en el Senado permita introducir algunas mejoras técnicas que no han podido consensuarse a su paso por el Congreso. Recordemos que esta iniciativa es consecuencia de la adaptación de nuestra legislación interna a los cambios incorporados por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Reglamento (UE) 537/2014 relativos a la auditoría legal de las cuentas anuales, que nacieron con un objetivo claro: reforzar y mejorar la confianza de los usuarios de la información económica-financiera auditada y optimizar la calidad de las auditorías de cuentas realizadas en el ámbito de la Unión Europea, y todo ello derivado del contexto de crisis económico-financiera de los últimos años.

El papel de nuestro país en cuanto a los plazos para trasponer la normativa europea a nuestro ordenamiento jurídico ha sido resuelto positivamente, anticipándose un año al plazo marcado (junio de 2016) –si bien hay otros Estados miembros que han comenzado este proceso de reforma, pero no lo han concluido todavía–, por lo que entendemos que aquí el Gobierno ha hecho lo que le correspondía. En nuestro caso, a las corporaciones representativas de los auditores, nos corresponde velar por el interés de nuestros profesionales y de los auditados, intentado que se cumplan los más altos estándares de calidad, sin trasladar estos costes a las empresas receptoras de sus servicios. Pero todo ello en aras aumentar la fiabilidad de la información financiera.

Pudiera parecer, a la vista de los titulares de las noticias aparecidas en los medios de comunicación, que esta Ley se está gestando en un clima de enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y el sector, entre los que parecen existir discrepancias insalvables sobre el contenido del Proyecto. Sin embargo, no es exactamente así. Los problemas de la Ley en ningún caso han sido de carácter político, sino de carácter eminentemente técnico, de tal manera que si leemos entre líneas y analizamos con detalle los planteamientos de unos y otros, veremos que han sido muchos más los aspectos que nos han acercado que los que nos han distanciado.

Es en este punto donde deberíamos hacer la siguiente reflexión sobre la que es una de las actividades más regulada y estandarizada del mundo, y que en nuestro país representa una actividad que desarrollan más de 20.000 profesionales, quienes llevan a cabo en torno a 62.000 trabajos de auditoría al año: ¿no se debería aprovechar este momento para hacer una ley de consenso al servicio de la sociedad?

Este proceso de reforma y de armonización de normas en materia de auditoría a nivel europeo es de vital importancia para converger con los países de nuestro entorno y para –como decíamos antes– incrementar la transparencia, clarificando la función que desempeña la auditoría y el alcance y las limitaciones que tiene, para reducir la denominada brecha de expectativas entre lo que espera un usuario de este servicio y lo que realmente es.

Desde el comienzo de este proceso, el REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas ha centrado sus propuestas en la mejora de los aspectos técnicos de este proyecto: Definición de Entidad de Interés Público (EIP), causas de incompatibilidad y extensiones subjetivas, comité de auditoría, concentración de honorarios, contenido del informe, redes de auditoría, estructura organizativa, régimen de infracciones y sanciones, etcétera. Como podemos ver, no son demasiados, pero conforman un núcleo fundamental para dinamizar el sector, y lo que es más importante, para que los auditores puedan concurrir en el mercado de operadores en igualdad de condiciones, lo que redundará en un aumento de la competitividad y en un mejor servicio para los usuarios.

La relevancia que la actividad de la auditoría tiene para el desarrollo económico resulta incuestionable, por lo que entre todos deberemos hacer un esfuerzo para mejorarla, especialmente en un momento en el que la sociedad española demanda más transparencia a las instituciones públicas y privadas, y se precisan las mejores condiciones posibles para crear empleo. Que sus trabajos sean comprendidos y respetados es necesario para los auditores y para el conjunto de los ciudadanos. Deberíamos intentar entre todos mejorar técnicamente el proyecto y consensuar una ley de largo recorrido en beneficio del conjunto de la sociedad.

Carlos Puig de Travy es presidente del REA+REGA Corporación de Auditores del Consejo General de Economistas

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