El supervisor también vigila la política de precios
La sede del Banco Central Europeo (BCE) al atardecer, en Fráncfort (Alemania)
La sede del Banco Central Europeo (BCE) al atardecer, en Fráncfort (Alemania) EFE

El BCE pretende que la banca provisione los posibles costes judiciales

El Banco Central Europeo (BCE) aprieta las tuercas a las entidades financieras. Ha comenzado a requerir a los bancos que presenten sus estimaciones sobre los posibles costes judiciales que estén en marcha, como los que puedan iniciarse como consecuencia de prácticas de dudosa ética bancaria. El supervisor europeo pretende hacer provisionar estos costes.

El BCE, y más concretamente el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), ha puesto especial atención este año en la vigilancia de las medidas de idoneidad del buen gobierno y su efectividad para identificar el riesgo en las entidades financieras. Intenta así mitigar sus posibles exposiciones a futuras pérdidas por una relajación en los controles de riesgos operacionales.

Considera que no solo los comités de riesgo en particular y de dirección en general deben responder sobre la política comercial de la entidad. Cada uno de los miembros del consejo de administración del banco también debe vigilar y ser conscientes de su responsabilidad ante la comercialización de productos que pongan en riesgo su rentabilidad. De esta forma, la política de precios que pueda aplicar una firma en sus productos financieros, sobre todo los depósitos y los créditos (estos últimos pueden estar vendiéndose a pérdidas en algunas entidades, según BBVA) también pasan a ser responsabilidad del consejo de administración. Estos son los mensajes que ha comenzado a trasladas en los últimos meses el BCE a los 128 bancos bajo su supervisión. El objetivo es que directivos y consejeros sean conscientes de sus responsabilidades, y que sus imprudencias pueden ser sancionadas, según estudia el BCE.

Se quiere evitar así episodios como los que se produjeron durante la crisis con el rescate de varios bancos en casi toda Europa, incluida España. El BCE pretende cercar lo más posible cualquier mala práctica que pueda llevar a una entidad a una caída de su rentabilidad por futuras pérdidas, lo que supondría poner en riesgo su viabilidad (un ejemplo puede ser el coste que supuso para el sector financiero española el pago de altas remuneraciones por los depósitos, y que se comieron unos 40.000 millones de euros del margen neto).

La rentabilidad de la banca española se sitúa de media en el 6,6%, frente al 8% que ya reclama el mercado y el BCE, aunque este porcentaje no se espera que pueda alcanzarlo la banca española hasta dentro de cinco años, según afirman fuentes financieras.

En este contexto, el MUS estudia dar otra vuelta de tuerca a la vigilancia que ejerce sobre el riesgo y los modelos de negocio de las entidades. Entre las nuevas exigencias, el BCE ha comenzado a reclamar a todos los bancos que presenten una estimación de los posibles costes judiciales que estén en marcha o que prevean que puedan iniciarse. Este requerimiento, que afecta en mayor medida a la banca de fuera de España, que siempre ha contado con un mayor número de procesos judiciales, sobre todo por su operativa en EE UU que habitualmente terminan en elevadas multas, llevaría consigo también el posible aprovisionamiento de estas estimaciones. Antes, no obstante, el BCE revisará las medidas internas para evaluar la adecuación o no de sus provisiones.

Pese a que esta medida puede afectar menos a la banca española que a la del resto de Europa, lo cierto es que la banca nacional también tiene sobre la mesa numerosos conflictos judiciales.

La banca nacionalizada es la que en la actualidad tiene abiertos más frentes jurídicos, provenientes de la gestión de las antiguas cajas de ahorros. La comercialización de las preferentes y subordinadas han sido y aún son los principales procesos judiciales pendientes de resolver, pero no son los únicos.

Las cláusulas suelo de las hipotecas, o la salida a Bolsa de Bankia, en la que queda por demostrar si cuando se produjo su OPS en julio de 2011 el folleto reflejaba o no la imagen fiel de sus cuentas forman parte del rosario de procesos judiciales pendientes en la banca española. Bankia y su matriz BFA, no obstante, ya provisionaron las posibles demandas por este caso en febrero pasado y a cuenta de los resultados de 2014. BFA-Bankia destinó en total 780 millones de euros para cubrir las mencionadas pérdidas potenciales.

A ello hay que añadir los 230 millones que provisionó Bankia para hacer frente a los procesos judiciales derivados del canje de preferentes y deuda subordinada. BFA provisionó por el mismo concepto 1.200 millones durante 2013.

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