Mayor calidad con un gasto equitativo

La radiografía que Fundación BBVA y el Ivie presentaron ayer sobre el gasto por habitante que las comunidades autónomas dedican a sanidad, educación y servicios sociales arroja una conclusión preocupante: la brecha de los recursos dedicados a estos capítulos entre unas y otras regiones supera el 60%. El estudio, que analiza el periodo que abarca desde 2002 a 2013, refleja el severo ajuste que las comunidades autónomas han debido realizar tanto por los efectos de la crisis como por la obligación de cumplir con los objetivos de consolidación fiscal, así como los dos principales motivos que explican las diferencias de gasto entre unas y otras. El primero de ellos es el punto de partida, esto es, el mayor nivel de recursos de que disponen algunas regiones, gracias a los conciertos de financiación firmados con el Ejecutivo central. El segundo, la diferencia de intensidad en la rebaja del gasto público durante ese periodo, que ha sido mayor en unas que en otras. Como resaltan los autores del estudio, ambos factores permiten concluir que las disparidades del gasto destinado al Estado del bienestar en el entorno autonómico constituyen una realidad constatable tanto antes como después de la crisis y cuya primera consecuencia es que en España no se garantiza el acceso equitativo a los recursos para costear servicios públicos con independencia del lugar de residencia. El informe revela que las mayores o menores necesidades de financiación –por factores como la dispersión territorial o el envejecimiento de la población– explican únicamente una tercera parte de la brecha de gasto, mientras que las dos restantes se deben a la posición de partida de cada región y al ajuste presupuestario.

Las diferencias de eficiencia en la gestión y de recursos disponibles pueden justificar ciertos desequilibrios de gasto, pero nunca una brecha que supere el 60%. Pese a que un mayor gasto no equivale necesariamente a una mayor calidad, es evidente que unas diferencias tan elevadas tienen que repercutir necesariamente en los servicios que reciben los ciudadanos. Así, una educación con mayor nivel de excelencia proporciona mayores expectativas laborales; una sanidad con más recursos se traduce en una mayor calidad y esperanza de vida y una previsión social mejor dotada proporciona mayor seguridad a lo largo de la vida laboral. No hay duda de que la austeridad en el gasto, más aún en la coyuntura actual, debe ser siempre un principio rector de la gestión pública, pero este debe ejercerse bajo parámetros de prudencia, eficiencia y razonabilidad. Ello supone garantizar que todos los españoles se beneficien de un nivel similar de gasto en los servicios públicos con independencia de su lugar de residencia. Se trata de un objetivo lo suficientemente importante como para repensar y mejorar, si es necesario, tanto el sistema de financiación como las propias competencias autonómicas.