Tribuna

Salud en el trabajo y neoliberalismo

Silvia llevaba 8 años trabajando en una conocida cadena de restaurantes de comida rápida, una empresa de uno de tantos sectores marcados por la precariedad laboral. Un mal día sufrió un accidente mientras trabajaba y se fracturó el tobillo. A pesar de la operación y la rehabilitación, le quedaron secuelas y tras un examen médico del servicio de prevención de la empresa, se reincorporó con un informe de aptitud con limitaciones. La empresa en lugar de adaptar el puesto de trabajo a su estado de salud, tal y como exige la legislación, incrementa sus tareas y el tobillo de Silvia no aguanta más y recae. Otra vez de baja, pero esta vez la mutua argumenta que se trata de un proceso degenerativo que no tiene origen laboral y la deriva al Servicio Público de Salud. Silvia recurre al sindicato y la Inspección de Trabajo termina por darle la razón ante su reclamación de adaptación del puesto, pero la empresa hace caso omiso. Tras agotar el periodo de baja, la trabajadora se reincorpora usando una muleta por prescripción médica y en ese momento aumenta la presión sobre Silvia: traslados de restaurante, denegación de solicitud de vacaciones, etc. Nueva denuncia ante Inspección de Trabajo y nueva resolución a su favor. A la vuelta de vacaciones se encuentra con una sanción por falta grave y suspensión de cuatro días de empleo y sueldo por utilizar una muleta en el trabajo. Otra vez se ve obligada a denunciar y la sanción es retirada antes del día del juicio. A mediados del año pasado Silvia pasa el reconocimiento médico anual, fruto de su derecho a la vigilancia de la salud, pero en el informe este año aparecen dos palabras: no apta. Ineptitud sobrevenida. Despido.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en 2015 cumple 20 años desde su aprobación, y todo el edificio legislativo surgido a partir de ella, y que debería sustentar el derecho a la salud de Silvia y del resto de trabajadoras y trabajadores de España, respondía a una organización del trabajo heredera del contrato social alcanzado en Europa en la segunda mitad del siglo XX y que se caracterizaba por la contratación indefinida, la estabilidad en la empresa y la centralidad de la negociación colectiva en las relaciones laborales. Un modelo que no significaba otra cosa que la introducción de la democracia en las relaciones laborales producto de una larga lucha por parte del movimiento obrero. Y un modelo al que el triunfo de las políticas neoliberales, las sucesivas reformas laborales y la opción de salida de la crisis mediante la devaluación interna y la austeridad se están llevando por delante.

Precariedad, miedo al desempleo, destrucción de la negociación colectiva y unilateralidad empresarial como forma de gestión de la prevención son incompatibles con la salud y la seguridad en el trabajo. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos. Desde el inicio de la crisis, se fue ralentizando el descenso de accidentes laborales, hasta que en 2013, empezaron a darse incrementos en algunos sectores y en los índices de incidencia. En 2014, la tendencia se ha consolidado y el aumento de accidentes es generalizado en prácticamente todos los sectores, tanto en términos absolutos como relativos, y también para el caso de los mortales: casi medio millón de accidentes han cursado con baja el año pasado y 565 personas fallecieron, siete más que en 2013. Por no hablar de la enfermedad laboral, la gran asignatura pendiente de la prevención y de la que existe un subregistro intolerable. Solo un dato: las estimaciones más conservadoras calculan que en 2014 se habrán diagnosticado en nuestro país cerca de 9.000 nuevos casos de cáncer relacionados con exposiciones laborales. Únicamente se han registrado 49 partes de enfermedad profesional por agentes cancerígenos. 2015 es un año especial marcado por las elecciones municipales, autonómicas y generales y CC OO y UGT no hemos querido dejar pasar la oportunidad de presentar a los partidos políticos en este 28 de abril, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, un manifiesto que contiene un decálogo de medidas en defensa de la prevención de riesgos. Queremos conocer su grado de compromiso con una serie de propuestas que van desde la apuesta de políticas activas para reducir la siniestralidad o reforzar los organismos públicos que se ocupan de estas materias, hasta el impulso de cambios legislativos para asegurar la cobertura de derechos, garantizar la equidad, acabar con el subregistro de enfermedades, transformar el modelo de mutuas, garantizar la independencia de los profesionales de los servicios de prevención o blindar la vigilancia de la salud como derecho de las trabajadoras y trabajadores y no como mecanismo de ajuste de plantillas. En definitiva, para volver a introducir la democracia en las relaciones laborales vinculadas con la salud y la seguridad.

El lector de este artículo si ha llegado a este punto es porque el caso de Silvia ha despertado su interés. Y por este motivo merece conocer la verdad: el único elemento de ficción de este relato es el nombre de la protagonista. En la actualidad pleitea con el apoyo de uno de nuestros sindicatos para lograr la readmisión en su trabajo. Silvia no se llama así, pero podría tener muchos nombres. El de cualquiera si no logramos parar esta espiral de destrucción de derechos.

Marisa Rufino y Pedro J. Linares son secretarios de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT y CC OO, respectivamente

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