Editorial

Los retos de los grandes despachos

Cinco de los principales despachos de abogados españoles, reunidos por CincoDías para debatir sobre los grandes desafíos que tiene por delante tanto la abogacía como la economía, han coincidido en advertir de que los delitos económicos seguirán creciendo en nuestro país. Una llamada de atención que el mercado de servicios legales ha realizado en más de una ocasión en los últimos años, al recalcar la necesidad de aumentar los medios técnicos, humanos y materiales de la administración de justicia española para hacer frente a la denominada delincuencia de cuello blanco. Es el caso de los delitos económicos complejos, como las manipulaciones contables en estructuras societarias sofisticadas, el uso de información privilegiada o el blanqueo de dinero. Un tipo de actividades penales que no son un problema solo español, ni siquiera solo europeo, pero que, en cuanto a medios, constituye una de las grandes asignaturas pendientes del sistema judicial español.

Los principales responsables de Garrigues (Fernando Vives), Cuatrecasas (Rafael Fontana), Uría Menéndez (Luis de Carlos), Gómez-Acebo & Pombo (Manuel Martín) y Baker & McKenzie (José María Alonso Puig), fueron muy claros al enumerar los retos que tiene la profesión ante sí: una mayor internacionalización, avanzar en temas de conciliación, aumentar el número de mujeres con categoría de socio y resolver la compleja ecuación que relaciona precios y productividad. Más allá de esa hoja de ruta, los grandes bufetes españoles constituyen un ejemplo de transformación y modernización en el entorno de una profesión fuertemente atomizada –en España hay casi 100.000 despachos de abogados, el 80% de ellos de uno a tres socios– y en la que perduran formas de gestión marcadamente tradicionales. En ese contexto, las grandes firmas de la abogacía han adoptado un modelo de gestión internacional que les ha permitido ejercer un papel fundamental tanto en la canalización de la inversión extranjera en nuestro país como en el acompañamiento de las empresas españolas en su salida al exterior, especialmente a Latinoamérica.

Los responsables de los cinco despachos coincidieron en que el pasado marzo fue el segundo mes desde el inicio de la crisis en el que han asumido mayor carga de trabajo. Ello confirma la idea de que la abogacía es un excelente termómetro para medir los ciclos de la economía, como también para detectar sus deficiencias y problemas. Entre estos, las firmas señalaron el exceso de regulación que España impone al tráfico mercantil, al sumar las normativas autonómicas al corpus de la legislación estatal y europea. También insistieron en otro viejo lastre que arrastra la justicia, la lentitud, y abogaron por la propuesta de un pacto de Estado para solucionar estas deficiencias que Gobierno y oposición harían bien en recoger y suscribir.

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